El Govern admite que el objetivo legal de 2009 requiere 20.000 millones adicionales y un nuevo modelo de financiación que aún no está aprobado
Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña, ha prometido este lunes en su conferencia de medio mandato cumplir con el objetivo legal de destinar el 6% del PIB a educación, un compromiso histórico del sector que no se ha cumplido desde 2009. Sin embargo, el Govern ha aclarado que este hito no se alcanzará en una década, ni siquiera con la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica que se votará en el Congreso antes de fin de año.
La promesa, anunciada sin calendario concreto, choca con la realidad presupuestaria: el 6% supondría 20.000 millones de euros anuales, frente a los actuales 8.356 millones asignados a educación. Sílvia Paneque, portavoz del Govern, ha insistido en que el aumento será «progresivo» y ha descartado plazos fijos, aunque ha defendido que el compromiso existe. «Cuando el president anuncia un objetivo, es porque se cree capaz de alcanzarlo», ha asegurado, aunque los sindicatos ya han cuestionado su viabilidad.
El nuevo modelo de financiación autonómica, que podría aportar 4.700 millones adicionales a Cataluña, se queda lejos de la cifra necesaria. Incluso en el caso de que no se apruebe, el Govern ha asegurado que cumplirá su palabra, aunque Paneque ha reconocido que «la situación no puede resolverse de un día para otro».
El Govern ha subrayado que el 6% no es una «invención», sino un compromiso legal heredado de 2009 que anteriores gobiernos ignoraron. Albert Dalmau, conseller de la Presidència, ha señalado en TV3 que hay que aprovechar «ahora esa oportunidad», aunque ha evitado concretar plazos. El Ejecutivo catalán ha heredado problemas estructurales, como los malos resultados en las pruebas PISA o que una de cada cuatro escuelas tenga más de 60 años.
El Govern también ha anunciado un «debate nacional» sobre el sistema educativo, al que invitará a todos los partidos, incluidos Vox y Alianza, aunque ha reconocido que la extrema derecha suele rechazar participar. Paneque ha asegurado que el Ejecutivo priorizará acuerdos con formaciones que «no alientan el odio y la confrontación».
El debate, que se abrirá en los próximos días, buscará tejer un pacto más allá de sindicatos y direcciones de centro, aunque el Govern ya ha movilizado 2.000 millones para mejorar salarios docentes y condiciones en las aulas.
El precedente legal: el 6% del PIB en educación desde 2009
La ley educativa de 2009 establecía por primera vez en Cataluña el objetivo de destinar el 6% del PIB a educación, un compromiso que ningún gobierno autonómico ha cumplido desde entonces. El actual Ejecutivo, liderado por Salvador Illa (PSC), ha convertido este punto en una bandera, aunque su viabilidad depende de dos factores clave: la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica —que podría aportar 4.700 millones adicionales— y el crecimiento económico, que incrementaría los ingresos de la Generalitat.
Hasta ahora, la inversión en educación en Cataluña ha oscilado entre el 4% y el 5% del PIB, muy por debajo del compromiso legal. El Govern ha justificado el retraso en la falta de «impulso político» de anteriores gobiernos, aunque reconoce que el objetivo requiere un esfuerzo presupuestario sin precedentes: 11.644 millones más que la partida actual de 8.356 millones.
La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, ha defendido que el Govern ha actuado con «generosidad y buena fe», pero ha evitado dar plazos concretos. «No se alcanzará ni en un presupuesto ni en dos», ha admitido, aunque ha insistido en que el compromiso es firme. Los sindicatos, sin embargo, ya han expresado escepticismo sobre la capacidad real del Govern para cumplir con el 6% en un plazo razonable.
Las implicaciones políticas: un debate sin consenso y sin plazos
El anuncio de Illa llega en un contexto de tensiones políticas en Cataluña, donde el sistema educativo es un tema recurrente de conflicto. El Govern ha intentado abrir un «debate nacional» para buscar acuerdos, pero la invitación a todos los partidos —incluidos los de extrema derecha— ha generado dudas sobre su viabilidad. Vox y Alianza han rechazado participar en anteriores iniciativas similares, lo que podría limitar el alcance del pacto.
Además, el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Govern considera clave para alcanzar el 6%, aún no está aprobado. Su tramitación en el Congreso depende de acuerdos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, un proceso que podría alargarse más allá de 2026. Sin este refuerzo presupuestario, el Ejecutivo catalán tendría que encontrar los fondos adicionales en otros capítulos del presupuesto, lo que complicaría aún más su cumplimiento.
El Govern también ha heredado problemas estructurales en el sistema educativo, como la obsolescencia de las infraestructuras —una de cada cuatro escuelas tiene más de 60 años— y los malos resultados en las pruebas PISA. Aunque el Ejecutivo ha movilizado 2.000 millones para mejorar salarios y condiciones, estos desafíos requieren inversiones a largo plazo que el actual compromiso del 6% no garantiza por sí solo.
La promesa de Illa, por tanto, se enfrenta a dos obstáculos principales: la falta de financiación inmediata y la ausencia de un consenso político real. Mientras los sindicatos exigen plazos claros, el Govern prefiere hablar de «progresividad», lo que deja abierta la puerta a nuevos retrasos. La pregunta ahora es si el debate nacional anunciado será capaz de movilizar a todos los actores, o si, como en el pasado, el compromiso del 6% quedará en papel mojado.
