Matilde Asián defiende el pacto con el Gobierno central como ‘el mejor para los canarios’, pero el PSOE y Nueva Canarias cuestionan su ausencia en las negociaciones y advierten del riesgo si el Congreso bloquea la reforma
Fernando Clavijo y el Gobierno de Canarias cerraron un acuerdo fuera del nuevo sistema de financiación autonómica que garantiza 1.337 millones de euros para la comunidad, 726 millones más que la propuesta inicial del Ejecutivo central. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, lo calificó este martes como «el mejor para los canarios» y felicitó al presidente autonómico por su negociación, aunque el Partido Popular canario rechaza el pacto por su alineación con el Gobierno de Pedro Sánchez.
El acuerdo, alcanzado tras negociaciones bilaterales entre Canarias y el Estado, excluye al Régimen Económico y Fiscal (REF) del cómputo de la financiación ordinaria y evita que Canarias quede como «la comunidad peor financiada» según la propuesta inicial, que solo le asignaba 611 millones. Asián insistió en que este modelo, negociado fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es «bueno» y que el Gobierno canario «no tenía otra opción» que buscar compensaciones externas al sistema.
Sin embargo, el PSOE canario, representado por Manuel Hernández, criticó la ausencia de Asián en el Consejo y le exigió que «hable con sus compañeros del PP» para que apoyen la reforma. Hernández recordó que el acuerdo mejoró la propuesta inicial —que partía de 1.300 millones— y consideró que el Gobierno autonómico «queda en mal lugar» por no participar en las negociaciones centrales.
Nueva Canarias (NC), a través de Esther González, cuestionó la transparencia del proceso: «No queda claro si la consejera apoya o no el acuerdo», advirtió, y alertó de que si el Congreso rechaza la reforma del sistema de financiación, el pacto bilateral «se caerá automáticamente». González atribuyó el bloqueo a «la guerra que el PP tiene con el Gobierno de España» y criticó que, para el partido azul, «prima lo que diga Génova» sobre los intereses de Canarias.
El contexto: por qué Canarias negocia fuera del sistema
El nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado en el Consejo de Política Territorial y Financiera, busca uniformizar las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas. Sin embargo, Canarias —junto a otras regiones como Castilla-La Mancha y Asturias— se opuso a la propuesta inicial, que la situaba como la comunidad con menor financiación per cápita. Según Asián, el Gobierno canario logró compensaciones adicionales —726 millones— fuera del sistema, pero no logró que estos fondos se integraran en la reforma.
El REF, régimen fiscal especial de Canarias, fue clave en las negociaciones. El acuerdo bilateral excluye su cómputo en la financiación ordinaria, lo que evita que Canarias pierda ingresos por la aplicación de la nueva fórmula. No obstante, el Gobierno autonómico prefería que estos 1.337 millones se incluyeran en el sistema, pero optó por una «visión posibilista» para evitar quedarse con los 611 millones iniciales.
Las implicaciones: ¿sobrevivirá el acuerdo en el Congreso?
El principal riesgo del pacto es su dependencia de la aprobación de la reforma del sistema de financiación en el Congreso. Si los diputados canarios —independientemente de su partido— votan a favor de los 611 millones iniciales, el acuerdo bilateral quedaría sin efecto. Asián reconoció no tener «una bola mágica» para predecir el resultado, pero aseguró que «si al Congreso se llevan 1.337 millones, no habrá un solo canario que diga que no».
Mientras, el PP canario mantiene su postura de rechazo al Gobierno central, priorizando la lealtad a la dirección nacional sobre el interés autonómico. Esta división interna complica la unidad de los partidos canarios a la hora de defender el acuerdo, especialmente si el PSOE y NC presionan para que el PP abandone su «rechazo automático».
El escenario más favorable para Canarias sería que el Congreso apruebe la reforma con las compensaciones adicionales incluidas, lo que garantizaría los 1.337 millones. En caso contrario, la comunidad tendría que negociar de nuevo con el Estado, arriesgándose a quedarse con una financiación inferior a la actual.
El acuerdo refleja la tensión entre la autonomía fiscal de Canarias y la necesidad de negociar con un Gobierno central al que el PP local acusa de «priorizar a otras comunidades». Mientras, el PSOE y NC exigen mayor transparencia y unidad para evitar que la política nacional condicione el futuro económico de la región.
