El presidente del Gobierno desvía la responsabilidad al alcalde de Ceuta, mientras el PP bloquea el reparto autonómico y el Ministerio de Juventud prepara el traslado de 500 niñas a la Península
Pedro Sánchez ha eludido este miércoles responder sobre los más de mil menores inmigrantes no acompañados que siguen en las calles de Ceuta mes y medio después del asalto masivo de julio. Durante una rueda de prensa en el Congreso, el presidente del Gobierno ha remitido la cuestión directamente al alcalde de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, alegando que la competencia en la gestión de estos menores es exclusiva del Gobierno local según la ley de extranjería.
La respuesta de Sánchez —»Eso pregúntaselo a Vivas«— llega en un contexto de bloqueo político por el reparto de estos menores entre comunidades autónomas. Las regiones gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía, rechazan acogerlos, según confirmaron fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a The Objective. Mientras, el Gobierno central anunció a finales de agosto el traslado urgente a la Península de 500 niñas inmigrantes, aunque la competencia sobre su gestión seguirá siendo de Ceuta.
La crisis se agrava porque el Ministerio de Política Territorial, liderado por Ángel Víctor Torres, calcula que aún hay entre 700 y 1.000 menores sin tutela. Torres, al frente del mando único para esta crisis, exigió ayer al Gobierno de Vivas que aclarara el número exacto, ya que esa es su competencia directa. Sin embargo, el alcalde popular no ha facilitado datos oficiales en las últimas 48 horas, según fuentes parlamentarias.
El PP, por su parte, acusa al Gobierno de «cronificar» la crisis y de obligar a Ceuta a asumir una carga insostenible. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha utilizado términos similares en sus últimas intervenciones, denunciando que el Ejecutivo «no actúa con urgencia«. Mientras, el Ministerio de Juventud insiste en que el real decreto-ley de acogida vinculante —aprobado en agosto— obliga a todas las regiones a participar, aunque el PP ha amenazado con recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.
Lo que está en juego: el colapso humanitario en Ceuta y un precedente legal sin resolver. La ley de extranjería deja claro que las ciudades autónomas como Ceuta tienen competencia exclusiva sobre menores no acompañados, pero el Gobierno central no puede obligarlas a acogerlos sin el apoyo de las autonomías. La situación refleja un patrón de bloqueo institucional que se repite desde julio: mientras el Ejecutivo y el PP se culpan mutuamente, los menores siguen en la calle, sin protección y sin futuro claro.
