El Estado Mayor responde tras cuatro meses de silencio y el Consejo de Transparencia censura el retraso
El Ministerio de Defensa ha confirmado hoy que no existen informes ni documentos relacionados con la supuesta investigación a José Bono por sustracción de documentación reservada durante su etapa como ministro (2004-2006). La respuesta, llegada el 3 de julio de 2026, cierra un procedimiento iniciado el 24 de febrero tras una solicitud de transparencia, pero solo tras la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La solicitud, presentada por un ciudadano, buscaba acceder a cualquier informe o documento oficial vinculado a una noticia publicada ese mismo día sobre una presunta investigación interna en Defensa. El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) respondió que «no tiene constancia» de la existencia de esos documentos, aunque aclaró que su respuesta se limitaba a los relacionados con la información periodística concreta que motivó la petición.
El retraso en la respuesta —más de cuatro meses— fue el verdadero motivo de la estimación de la reclamación por parte del Consejo de Transparencia. La ley obliga a las administraciones a responder en un plazo máximo de un mes, algo que Defensa incumplió. El organismo recordó que el derecho de acceso a la información pública incluye el cumplimiento de plazos, aunque en este caso la respuesta final no desmintió ni confirmó la existencia de una investigación real.
José Bono ocupó el Ministerio de Defensa entre 2004 y 2006, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La solicitud no buscaba validar la noticia original, sino comprobar si existían documentos oficiales que pudieran respaldar o desmentir la información publicada. El Consejo de Transparencia no entró a valorar la veracidad de los hechos, sino a garantizar el derecho del ciudadano a recibir una respuesta en tiempo y forma.
La resolución del Consejo no obliga a Defensa a entregar ningún expediente concreto, pero sí reconoce que el retraso vulneró el derecho de acceso a la información. El Estado Mayor, por su parte, se limita a negar la existencia de documentos sobre el caso en sus archivos, sin descartar que otros organismos pudieran tener información al respecto.
