El Gobierno de Sánchez culpa a las autonomías populares de retrasar la solución mientras activa mecanismos legales más lentos
El Gobierno de Pedro Sánchez intenta cambiar el relato sobre la crisis de Ceuta al acusar al PP de obstaculizar la reubicación de menores migrantes, una estrategia que busca desviar la atención de las responsabilidades iniciales del Ejecutivo. Según fuentes de Moncloa, las comunidades autónomas gobernadas por los populares —excepto Navarra y Castilla-La Mancha— rechazan la acogida voluntaria de menores, lo que obliga al Gobierno a recurrir a la Ley de Extranjería, un proceso que podría alargar la solución hasta dos meses más.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, cargó este martes contra el presidente de Ceuta, Juan José Vivas (PP), al que acusó de priorizar el «argumentario de Génova» sobre la gestión de la emergencia. Moncloa insiste en que Vivas tiene margen para agilizar los traslados, pero el PP mantiene su postura para evitar rédito político. Mientras, el Ejecutivo destina recursos a albergar a migrantes adultos, aunque reconoce que la imagen de colapso persiste.
El cambio de estrategia de Sánchez choca con divisiones internas: la ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende la actuación del CNI y los avisos previos a la crisis, mientras Moncloa intenta minimizar su alcance. La tensión por el origen de la crisis resurge, ya que Robles propone comparecer ante el Congreso para aclarar las alertas, justo cuando el Gobierno busca centrar el debate en la gestión actual.
La presión sobre el PP crece, pero el bloqueo de las autonomías populares deja al Gobierno con pocas opciones: activar vías legales más lentas o esperar a que Génova ceda. La fecha límite autoimpuesta por Sánchez —final de año— se aleja mientras la crisis se prolonga.
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