El sindicato policial alerta del colapso de las previsiones iniciales y reclama reforzar la autoridad de los agentes ante el riesgo de violencia criminal
Aarón Rivero, secretario general de Jupón, advirtió hoy en el Congreso que la reagrupación familiar podría multiplicar por cuatro la regularización de inmigrantes en España, alcanzando los 4 millones en los próximos años. La cifra supera ampliamente las estimaciones iniciales del Gobierno, que calculó inicialmente 500.000 beneficiarios, pero terminó concediendo papeles a 1,1 millones antes del cierre del plazo el 30 de junio.
Rivero criticó la «falta de previsión» del Ejecutivo y la «omisión deliberada» de algunos partidos al no considerar los informes de expertos. Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, presentada a puerta cerrada, presentó mapas de Frontex y el CENIF que muestran un aumento de rutas secundarias de entrada irregular, como pasos poco controlados desde otros países europeos hacia España.
El sindicato vinculó este escenario con el riesgo de escalada de violencia y la expansión de organizaciones criminales, citando como ejemplo casos como Suecia o Países Bajos, donde la pérdida de autoridad policial habría facilitado la implantación de redes delictivas. Rivero exigió restablecer el «principio de autoridad» de los agentes y reforzar su protección, especialmente tras las alertas sobre posibles represalias por informes que señalan a Marruecos en movimientos migratorios.
La ponencia parlamentaria estudia ahora solicitar la comparecencia de Frontex para analizar la evolución de estas rutas. Mientras, Jupón anunció que defenderá a los agentes si se producen represalias, una postura que, según fuentes, no recibió respuesta de ningún grupo parlamentario durante la comparecencia.
Según los estudios manejados, el número máximo de personas que podría alcanzar el proceso se situaba en tres millones, cifra que ahora se ve superada por la proyección de cuatro millones. Rivero lamentó la «omisión deliberada» por parte de algún partido o la «incapacidad para tener en cuenta la opinión de los expertos», señalando que la falta de previsión del Gobierno ha generado un escenario de incertidumbre para la gestión de la migración en el país.
