PSOE y Ejecutivo buscan prohibir a organizaciones personarse como acusación en causas penales, pero ambas iniciativas siguen paralizadas en el Congreso
El Gobierno ha presentado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrín) que prohibiría a partidos políticos, sindicatos y empresas públicas ejercer la acusación popular en causas penales. La medida, anunciada en 2025 y aún varada en el Congreso, busca limitar su uso en casos como los que afectan al entorno cercano a Pedro Sánchez.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo tras una proposición de ley orgánica del PSOE en 2025, busca evitar que colectivos no directamente afectados puedan personarse en juicios para defender intereses públicos. Ambos textos legislativos —la reforma de la Lecrín y la proposición de ley orgánica— siguen sin tramitación en el Congreso.
La acusación popular es una figura jurídica que permite a ciudadanos o colectivos personarse en causas penales para defender intereses generales, incluso sin ser víctimas directas. Su uso ha crecido en los últimos años, especialmente en casos con implicaciones políticas, como los que involucran al entorno del presidente del Gobierno.
El PSOE justifica la medida como una forma de evitar la judicialización de la política, pero la oposición y sectores de la sociedad civil la ven como un intento de limitar la transparencia judicial. La reforma, si prosperara, afectaría directamente a partidos como el PP, Vox o Podemos, así como a sindicatos y empresas públicas, que hasta ahora han utilizado esta vía para impulsar causas penales.
La paralización de ambas iniciativas en el Congreso refleja la división política en un momento en el que la relación entre el Gobierno y la Justicia sigue siendo un tema sensible. La última reforma relevante en este ámbito fue la Ley Orgánica 13/2022, que ya introdujo cambios en la regulación de la acusación popular, pero sin llegar a prohibir su uso por parte de colectivos.
El Ejecutivo presentó la reforma en el año 2025, tras la propuesta del PSOE, y la remitió a las Cortes con la intención de que se debatiera antes de la próxima sesión legislativa.
La propuesta del PSOE, presentada a principios de 2025, buscaba embridar la figura de acusación popular en las causas penales, limitando la participación de asociaciones dependientes de partidos políticos.
