La proposición, ya rechazada en 2024, busca reservar el mercado inmobiliario a personas físicas, pero carece de apoyo parlamentario tras el giro de los socialistas
Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, ha visto cómo su proposición de ley para prohibir a fondos de inversión y empresas comprar viviendas en España ha sido rechazada este martes por segunda vez en dos años. Los votos en contra de PP, Vox y Junts (175 escaños en total) sumados a la abstención de PSOE y PNV (127 escaños) — junto a una diputada del grupo mixto — han tumbado la iniciativa, que pretendía reservar la adquisición de viviendas exclusivamente a personas físicas.
La medida, defendida por Sumar en 2024 y rechazada entonces por idéntica mayoría, no ha logrado avanzar esta vez tras el cambio de postura de los socialistas, que en la anterior legislatura se habían opuesto a su tramitación. Ibáñez criticó durante el debate la contradicción de Vox, que en 2023 aplaudió una propuesta similar impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, y les acusó de «no ser patriotas» al votar en contra.
La proposición, presentada como una herramienta para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda, choca con el modelo económico actual, donde fondos internacionales y grandes tenedores son actores clave en el mercado. Su fracaso refleja la falta de consenso en una materia que mezcla intereses económicos, derechos de propiedad y políticas de vivienda.
El precedente de 2024: una ley que no cuajó
En junio de 2024, Sumar ya intentó impulsar una medida idéntica con el objetivo de «proteger el derecho a la vivienda» frente a lo que denominó «la especulación descontrolada». Entonces, el rechazo de PP, Vox y Junts —con 173 votos en contra— y la abstención de PSOE y PNV (125 escaños) impidió su admisión a trámite. La diferencia actual radica en que, en esta ocasión, el PSOE no solo se abstuvo, sino que no apoyó ni siquiera la discusión parlamentaria, un giro que Sumar atribuye a presiones internas y a la falta de consenso en su socio de coalición.
¿Qué se juegan los partidos?
Para Sumar, el fracaso es un golpe simbólico en su estrategia de regular el mercado inmobiliario, un tema clave en su agenda social. PP, Vox y Junts, por su parte, defienden que la medida atenta contra la libertad de inversión y el modelo de propiedad privada, argumentos que repitieron durante el debate. El PSOE, en cambio, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el contenido de la ley, pero su abstención —al igual que la del PNV— refleja su postura tradicional de no interferir en el mercado inmobiliario sin un consenso más amplio.
La proposición, además, llega en un contexto de tensiones entre el Gobierno y las comunidades autónomas por las políticas de vivienda. Mientras Sumar insiste en medidas de control, el PP y Vox apuestan por flexibilizar las normas para atraer inversión extranjera, un debate que trasciende lo legislativo y toca fibras sensibles en el electorado.
El rechazo definitivo de la ley deja en evidencia la dificultad de avanzar en reformas que afectan directamente a sectores económicos poderosos, como el inmobiliario. Para los analistas, este episodio subraya la creciente polarización en temas como la propiedad y el acceso a la vivienda, un campo donde el consenso parlamentario parece cada vez más lejano.
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