La JEC verifica ahora la vinculación con el exilio de los beneficiados por la disposición octava de la ley de Memoria Democrática y la instrucción de 2022
Félix Bolaños, presidente de la Junta Electoral Central (JEC), ha ordenado este lunes revisar las altas censales derivadas de la ley de nietos tras el auto del Tribunal Supremo que suspendió su aplicación. El órgano electoral ha encargado informes urgentes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verificar si los beneficiados mantienen una relación real con el exilio republicano.
La medida afecta a dos grupos concretos: quienes obtuvieron la nacionalidad o la solicitan bajo la disposición octava de la ley de Memoria Democrática (conocida como ley de nietos) y quienes lo hicieron mediante la instrucción de Justicia de 2022, que amplió los criterios para incluir a descendientes de exiliados por cualquier motivo, no solo por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.
La suspensión del Supremo obliga ahora a la JEC a comprobar si los afectados cumplen los requisitos originales: que su familiar fuera exiliado precisamente por motivos políticos, ideológicos o de creencia, o que perdiera o renunciara a la nacionalidad española durante la Guerra Civil o la dictadura. La instrucción de 2022 había flexibilizado estos requisitos, pero el alto tribunal ha dado marcha atrás.
El contexto legal: de la ley de 2022 a la instrucción de Justicia
La disposición octava de la ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, permitió a los nietos de exiliados recuperar la nacionalidad española. Sin embargo, una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2022 amplió los criterios para incluir a descendientes de exiliados por cualquier motivo, no solo los vinculados a la represión política. Esta interpretación más flexible generó controversia, ya que algunos sectores argumentaban que diluía el espíritu original de la ley.
El Tribunal Supremo, en su auto de suspensión, ha priorizado el criterio estricto: solo proceden las nacionalizaciones cuando el exilio estuvo motivado por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual, o cuando supuso la pérdida o renuncia a la nacionalidad. La JEC deberá ahora ajustar sus registros a esta interpretación, lo que podría suponer la exclusión de cientos de casos.
¿Qué implica para las elecciones?
La revisión de las altas censales tiene un impacto directo en los próximos comicios. Los afectados por la suspensión podrían perder su derecho a votar en las elecciones generales o autonómicas si no cumplen los requisitos originales. La JEC tiene ahora un plazo indeterminado para completar los informes, pero el proceso podría alargarse hasta las fechas clave de las campañas electorales.
El Partido Popular (PP) y Vox han mostrado su apoyo a la decisión del Supremo, mientras que partidos como Podemos y ERC han criticado la medida, argumentando que restringe derechos adquiridos. La revisión también afecta a los registros consulares, donde muchos beneficiados están inscritos en el extranjero. La Oficina del Censo Electoral deberá coordinarse con las embajadas y consulados para verificar la documentación presentada.
La suspensión del Supremo no anula la ley de nietos, pero sí limita su alcance. Quienes ya hayan obtenido la nacionalidad mantendrán su condición, pero los trámites en curso podrían ser rechazados si no se ajustan a los criterios originales. La JEC ha iniciado ya el proceso de verificación, pero el resultado final dependerá de cómo interprete los requisitos cada caso concreto.
Sigue la cobertura: La Junta Electoral Central cede al Supremo y paraliza el voto de los nietos del franquismo
