Montse Münguez y Óscar López califican de ‘atropello democrático’ la decisión judicial que afecta a miles de nacionalidades
El Tribunal Supremo ha suspendido el derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la llamada *ley de nietos* (en realidad, la *Ley de Memoria Democrática* de 2022), una decisión que ha desencadenado una fuerte reacción en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ministros como Óscar López y Óscar Puente, junto a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, han criticado duramente al Supremo, acusándolo de actuar con *imparcialidad política* y calificando a algunos de sus miembros como *jueces salva patrias* o *lobos solitarios* que buscan *tumbar al Gobierno*.
Óscar López, ministro de Transformación Digital, llegó a afirmar en TVE que hay magistrados que *se empeñan en derribar al Ejecutivo* y que incluso *responden a órdenes de José María Aznar*, usando un término asociado históricamente a terroristas que actúan bajo directrices externas. Mínguez, por su parte, cuestionó la independencia judicial: *»La Justicia debe parecer independiente, pero no es inmunidad»*, declaró tras una reunión del PSOE, añadiendo que el ponente de la sentencia *prefirió que Alberto Núñez Feijóo fuera presidente* para derogar leyes del Gobierno.
El conflicto se enmarca en una tensión creciente entre el Ejecutivo y el poder judicial, donde el Gobierno denuncia que *causas que le afectan avanzan más rápido* que otras, mientras que la oposición acusa al Supremo de *politizar decisiones*. Óscar Puente, ministro de Transportes, subrayó que la medida *suspende un derecho fundamental sin que la ley haya sido recurrida en plazo*, y advirtió sobre el riesgo de que se use para *influir en resultados electorales*. *»¿Qué resultado electoral deseado? Nadie lo sabe»*, cuestionó Mínguez, recordando que la nacionalidad y el voto *están ligados*.
La polémica llega en un contexto de *debilidad del Gobierno* por su gestión de la crisis de Ceuta, donde el PSOE ya enfrenta críticas internas por lo que sus bases perciben como una *persecución judicial selectiva*. La decisión del Supremo, que afecta a miles de personas, ha reavivado el debate sobre la *independencia real* de la Justicia y su relación con el poder político, en un momento en que el Ejecutivo apuesta por ministros como López y Puente para *portavoces de su descontento* ante ataques que Sánchez evita abordar directamente.
