Ricardo Conde pide el archivo de las denuncias presentadas por Salomé Pradas y Emilio Argüeso, investigados en el caso
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este martes las quejas interpuestas contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora del caso de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2023. Las denuncias provienen de los dos únicos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha solicitado el archivo de ambas quejas. Según fuentes del CGPJ, tanto progresistas como conservadores respaldan esta postura, lo que hace previsible que la Comisión Permanente avale el archivo.
Pradas denuncia que su derecho de defensa está «gravemente afectado» por resoluciones judiciales que, según ella, contienen «afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria». Su queja, presentada en mayo, cuestiona el auto de imputación del 10 de marzo, que acusaba a las autoridades valencianas de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro del 9 de mayo que señalaba «manifiesta pasividad» en las alertas. Además, alega «falta de imparcialidad» y posibles influencias externas, como la supuesta presencia en el juzgado del marido de la jueza, un magistrado del Juzgado número 4 de Valencia.
En su queja, Pradas también alegó que la transcripción de su declaración del 11 de abril fue incorrecta, lo que agravó su percepción de vulneración del derecho de defensa.
Argüeso, por su parte, pidió la suspensión de Ruiz Tobarra y de su marido, exigiendo que continúe la instrucción con un sustituto legal. También se sumó una tercera queja, presentada por el letrado Rubén Gisbert, que acusa a la jueza de injerencias por parte del cónyuge.
El caso se enmarca en la investigación por la gestión de la dana, que dejó 10 muertos y daños millonarios en la Comunidad Valenciana. La jueza instruye el proceso desde marzo de 2024, tras imputar a Pradas y Argüeso por presunta negligencia en la alerta a la población.
