La Junta Electoral Central analiza hoy cómo verificar el exilio político de los beneficiarios, tras orden judicial que exige pruebas concretas
La Junta Electoral Central (JEC) se reúne este lunes para cumplir una orden del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’, salvo que demuestren su vinculación con el exilio político. El alto tribunal, tras un recurso de Vox e Iustitia Europa, exige ahora a los consulados que certifiquen que los beneficiarios descienden de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual, no por motivos económicos o laborales.
La decisión del Supremo revierte parcialmente el criterio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que en 2022 amplió la interpretación de la Ley de Memoria Democrática para incluir causas de exilio no contempladas originalmente. Cuatro vocales de la JEC ya advirtieron en julio de un ‘incremento irregular’ del censo por esta ampliación, pero el organismo se declaró incompetente para frenarla. Ahora, el tribunal obliga a verificar que cada caso cumpla con los requisitos legales exactos: exilio por persecución política, no por otras razones.
La medida afecta a miles de personas inscritas desde 2022. Según datos de la JEC, el 60% de las nacionalizaciones por esta vía se concentran en Argentina, México y Colombia, países con comunidades de descendientes de exiliados republicanos. La suspensión, en vigor hasta que el Supremo dicte sentencia, obliga a los consulados a emitir certificados que acrediten el tipo de exilio. Si no se demuestra, la inscripción en el CERA —requisito para votar desde el extranjero— quedará bloqueada.
El conflicto legal refleja una tensión entre el Gobierno, que defiende la aplicación flexible de la ley, y partidos como Vox, que exigen un criterio estricto. La JEC deberá ahora decidir si exige a los consulados un control previo de los documentos presentados, algo que podría ralentizar el proceso. Mientras, la Oficina del Censo Electoral ya trabaja en una instrucción para aclarar los requisitos, aunque sin modificar la ley.
El caso revela cómo la interpretación de la ‘ley de nietos’ —aprobada en 2022 para reparar la exclusión histórica de descendientes de exiliados— se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras el Supremo intenta delimitar su alcance, la JEC enfrenta el reto de equilibrar el derecho al voto de los afectados con la exigencia de pruebas documentales, en un proceso que podría alargarse meses.
