El alto tribunal suspende cautelarmente la instrucción que ampliaba la nacionalidad a bisnietos y que podía alterar el último escaño en más de veinte provincias.
El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar la instrucción que ampliaba la ley de nietos a bisnietos y relajaba los controles de documentación en los consulados. La decisión judicial frena una medida que, según el texto fuente, podría haber alterado el reparto del último escaño en más de veinte provincias españolas. El Gobierno de Pedro Sánchez había impulsado esta ampliación fuera del mandato parlamentario, lo que ha provocado el choque con el alto tribunal.
La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Tanto Sánchez como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han mostrado su rechazo a la decisión del Supremo. El texto fuente señala que Bolaños llora por la suspensión cautelar, pero no aborda la razón real de la medida: la ampliación de las condiciones de concesión de nacionalidad sin pasar por el Congreso. Esta respuesta del Gobierno evidencia, según la fuente, un nulo respeto a la independencia del poder judicial.
La ley de nietos original buscaba reparar a los descendientes de exiliados republicanos. El texto fuente reconoce el sentido de la norma para quienes tuvieron que huir por motivos políticos. Sin embargo, la instrucción ahora suspendida extendía ese derecho a todos los solicitantes, incluidos bisnietos, y apenas exigía documentación. Los consulados, según la fuente, estaban colapsados con órdenes de Exteriores de conceder la nacionalidad a todo el que la pidiera.
El precedente de la crisis de Ceuta
La suspensión de la ley de nietos coincide con otro frente abierto para el Gobierno: la situación en Ceuta. El texto fuente califica la crisis como una invasión de 80.000 asaltantes, una definición que atribuye al propio Sánchez al hablar de un ataque a la integridad territorial. Mes y medio después, el Gobierno no ha dado cifras oficiales del número exacto de personas que permanecen en la ciudad. Tampoco ha respondido al comunicado de Rabat, que pregunta por qué España no devuelve a los migrantes, incluidos menores.
El Ejecutivo se escuda en la obligación legal de identificar uno a uno a los asaltantes antes de entregarlos. El texto fuente admite que esa ley es cierta, pero subraya que está pensada para situaciones normales. Existen acuerdos bilaterales con Marruecos que contemplan la entrega inmediata de marroquíes e incluso de personas de terceros países. La fuente apunta que no se intenta, no se puede o no se quiere aplicar. Mientras, los campamentos siguen abiertos sin controles, con entradas y salidas libres.
La comparación con otras crisis europeas aparece en el texto. La situación de Polonia con Bielorrusia se describe como la más parecida a una guerra híbrida. En Ceuta, la crisis humanitaria se produce tras lo que Sánchez definió como ataque y violación de la integridad territorial. La fuente sostiene que el Gobierno no ha pedido explicaciones a la embajadora marroquí en Madrid, pese a que tres ministros de Marruecos han reivindicado la soberanía de Ceuta y Melilla.
El viaje del Rey y el cálculo electoral
El texto fuente menciona un inquietante viaje del rey Felipe VI a Ceuta sin fecha concreta. La agenda, impuesta por La Moncloa, parece alejada del sentimiento de los ceutís, según la fuente. Además, el argumentario escrito en La Moncloa para ministros y afines da por perdida Ceuta electoralmente para el PSOE. El único objetivo que la fuente atribuye a ese argumentario es ensalzar la figura de Sánchez como vanguardia mundial contra la ultraderecha.
La ley de nietos y Ceuta comparten un mismo patrón, según el texto: decisiones del Gobierno que la fuente considera graves y que, a su juicio, un líder democrático responsable europeo habría dimitido por una sola de ellas. El texto acusa a Sánchez de no ser ni democrático ni responsable. También menciona los retrasos y silencios de José Luis Rodríguez Zapatero, los avances en la investigación sobre las cloacas del PSOE y la presunta financiación irregular del partido que sustenta al Gobierno. La fuente califica a Sánchez como el presidente más corrupto de la historia de la democracia.
En el plano institucional, la suspensión cautelar del Supremo no es una decisión definitiva. El texto fuente espera que la medida sea frenada definitivamente y no solo de forma cautelar. La instrucción ampliaba las condiciones de concesión de nacionalidad de acuerdo con la ley de nietos, algo que la fuente describe como una aberración. El impacto en el último escaño de más de veinte provincias se presenta como un factor estructural que podría haber pervertido todo el sistema electoral.
La nacionalidad, según el texto, es algo sagrado para un país y no se debe regalar. La fuente no niega el derecho de los exiliados del franquismo y sus descendientes, ni la concesión a los sefardíes, ni el reconocimiento a los saharauis que fueron españoles. Lo que critica es la ampliación a todos, incluidos bisnietos, en un proceso con escaso control documental. El Gobierno, mientras, sigue sin dar cifras oficiales de nada en Ceuta: ni de invasores, ni de filiaciones, ni de menores, ni de intentos de entrega rechazados por Marruecos.
