El magistrado Macías avala al Supremo en su rechazo a eliminar la inhabilitación de los condenados por el referéndum ilegal, pero el bloque izquierdista del TC podría revertirlo en octubre
El Tribunal Constitucional (TC) avala la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los condenados por el 1-O, incluyendo a Jordi Turull, al considerar que la malversación de fondos públicos para el referéndum ilegal no queda cubierta por la ley. El magistrado José María Macías, ponente del borrador de sentencia que se votará el 22 de septiembre, desestima el recurso de amparo presentado por Turull y otros exconsejeros de Junts y ERC.
El fallo, al que ha tenido acceso El Debate, argumenta que la inhabilitación absoluta impuesta en 2019 —y confirmada por el propio TC en 2021— no puede ser borrada porque la malversación no se limita a un enriquecimiento directo, sino también al uso de fondos públicos para evitar gastos personales. Según el texto, los líderes del procés destinaron dinero público al referéndum ilegal sin asumir los costes con sus propios recursos, lo que configura el delito.
Turull había alegado que la interpretación del Supremo era «caprichosa» y vulneraba sus derechos fundamentales, como la participación política (artículo 23 CE) o la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE). Sin embargo, Macías rechaza estos argumentos: la amnistía no agrava delitos, solo extingue efectos de condenas ya firmes, y la inhabilitación no es una restricción adicional, sino consecuencia directa de la sentencia de 2019.
El borrador, sin embargo, enfrenta resistencia en el Pleno del TC. Los siete magistrados de la mayoría izquierdista —que suman mayoría aritmética— podrían rechazarlo y obligar a Macías a modificar su postura. Si esto ocurre, el caso se votará de nuevo el 5 de octubre, con alta probabilidad de que los separatistas logren anular la inhabilitación, aunque con cinco votos en contra de magistrados discrepantes.
El fallo definitivo tendrá implicaciones directas para los nueve condenados por el 1-O, que podrían recuperar sus derechos políticos, y para el Gobierno de Pedro Sánchez, que impulsó la amnistía en 2023 para cerrar el conflicto catalán. La decisión también afecta a la jurisprudencia sobre malversación pública, al establecer que el uso de fondos para fines ilegales —aunque no implique enriquecimiento directo— sigue siendo delito.
El Supremo ya rechazó en julio y septiembre de 2024 aplicar la amnistía a Turull y otros ocho exconsejeros, argumentando que la malversación no queda amnistiada. Ahora, el TC podría confirmar esa línea o abrir una grieta legal que beneficie a los independentistas.
