El decreto ley impulsado por Óscar López exigirá publicar reuniones e identificar a expolíticos en cinco años
Los diputados del Congreso someterán a debate y votación el próximo martes la convalidación del decreto ley que crea el registro público y obligatorio de grupos de interés ante la Administración General del Estado. El Ejecutivo central recurrió a esta fórmula jurídica urgente a finales de agosto tras el bloqueo parlamentario del proyecto de ley ordinaria, una iniciativa que permanecía encallada en las Cortes Generales desde febrero de 2025 ante la falta de apoyos suficientes entre las distintas bancadas.
La norma impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, encabezado por Óscar López, sitúa la gestión, supervisión y potestad sancionadora en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo independiente asumirá la incoación, instrucción y resolución de los expedientes por infracciones leves, graves o muy graves que cometan las organizaciones que intenten influir en las decisiones públicas sin cumplir los requisitos legales establecidos.
Bajo la nueva definición legal, cualquier persona física, jurídica, plataforma o red colectiva que busque incidir en políticas o proyectos normativos de los ministerios quedará catalogada como grupo de interés. Quienes ejerzan esta labor deberán inscribirse de forma gratuita en una plataforma telemática donde detallarán su financiación, sede y representantes, con la obligación expresa de declarar si sus integrantes ocuparon cargos públicos durante los últimos cinco años. Esta base de datos estatal podrá interconectarse tanto con los registros autonómicos y locales existentes como con el fichero de transparencia de la Unión Europea.
El control recaerá también de forma directa sobre la propia estructura gubernamental y sus empleados públicos. Altos cargos hasta el escalafón de director general, así como el personal eventual, asesores y puestos de confianza, tendrán que publicar en el Portal de la Transparencia todas las reuniones mantenidas con los colectivos inscritos en un plazo máximo de un mes desde el encuentro. Además, cada departamento ministerial deberá incorporar un informe de huella normativa en sus memorias de impacto para documentar qué aportaciones externas influyeron finalmente en la redacción de las leyes.
