La Audiencia de Huesca duda de la autoría del joven operario y ordena investigar a dos testigos clave en el fuego que mantuvo a 1.046 personas evacuadas durante 34 días
El incendio forestal declarado el 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca) quedó extinguido oficialmente este sábado, tras arrasar **14.500 hectáreas**, afectar a **19 localidades** y mantenerse activo durante **34 días**, según confirmó el dispositivo INFLAR del Gobierno de Aragón. Las llamas provocaron la evacuación de **1.046 personas**, el desalojo de dos cámpines y un campamento temporal, y el corte de varias carreteras en sus momentos más críticos. La investigación sobre su origen, en la que Aragón se personó como acusación, ha llevado a la detención de un operario de 28 años vinculado a las obras de la carretera A-132, aunque la Audiencia Provincial de Huesca lo puso en libertad provisional tras considerar que no hay pruebas concluyentes de su autoría.
El tribunal determinó que el investigado estuvo en las inmediaciones del incendio **un minuto antes** de que se detectaran las primeras llamas, según grabaciones que lo sitúan agachado cerca del punto de origen. Sin embargo, la Audiencia destacó que **no hay imágenes que lo muestren prendiendo fuego** y que el lugar exacto donde surgió el incendio **no coincide** con la posición grabada. Además, el informe preliminar sobre la causa del fuego, calificado como «bastante escueto», solo señala que sería compatible con la aplicación directa de una llama sobre material combustible, sin determinar su origen.
La investigación sigue abierta en el Juzgado de Jaca, que ha ordenado la comparecencia de un **jefe de obra** y del **topógrafo** que alertó al 112. Mientras, el Gobierno de Aragón mantiene su personación como acusación en el proceso, aunque sin aportar pruebas definitivas que vinculen al detenido con el incendio, el más grave registrado en la comunidad este año.
El incendio que paralizó Huesca y dejó sin respuesta la causa
El fuego en Las Peñas de Riglos superó en extensión y duración a otros grandes incendios recientes en Aragón, como el de **Albarracín (Teruel, 2023)**, que arrasó 12.000 hectáreas en 15 días, o el de **Barbastro (Huesca, 2021)**, con 8.000 hectáreas afectadas. La prolongación de este incendio —**34 días activos**— obligó a movilizar recursos sin precedentes, incluyendo **1.200 efectivos** de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y **40 aviones y helicópteros** en su momento álgido, según datos del INFLAR. La evacuación masiva (1.046 personas) y el corte de carreteras, como la **N-330**, afectaron directamente a municipios como **Las Peñas de Riglos, Santa Cilia y Berbegal**, donde aún persisten restricciones en zonas quemadas.
El origen del fuego sigue sin aclararse, a pesar de que la investigación se centró inicialmente en el operario detenido. La Audiencia Provincial de Huesca subrayó en su auto que **no hay pruebas concluyentes** que lo vinculen directamente con el incendio, aunque sí constata su presencia en la zona. Este vacío legal ha generado dudas sobre la eficacia de las diligencias realizadas hasta ahora, especialmente porque el informe técnico sobre la causa del fuego —el único disponible— fue calificado como «insuficiente» por el tribunal. La comparecencia de nuevos testigos, como el jefe de obra y el topógrafo, podría aportar elementos clave, pero hasta el momento no hay avances que permitan determinar si el incendio fue intencionado, accidental o provocado por factores naturales.
¿Qué implica este incendio para la gestión de riesgos en Aragón?
El caso de Las Peñas de Riglos pone de manifiesto **tres problemas estructurales** en la prevención de incendios forestales en Aragón: la **falta de coordinación entre obras públicas y protocolos de seguridad**, la **dependencia de informes técnicos preliminares** para tomar decisiones judiciales, y la **escasa capacidad de respuesta en zonas de difícil acceso**, como las áreas montañosas de los Pirineos. Según datos del INFLAR, Aragón registra **un 30% más de incendios intencionados** que la media nacional en los últimos cinco años, aunque solo el **15%** de los casos se resuelven con detenciones.
El incendio también ha reavivado el debate sobre la **gestión de emergencias en zonas rurales**, donde la falta de infraestructuras y la dispersión poblacional complican las evacuaciones. Mientras, el Gobierno aragonés ha anunciado un **plan de reforestación acelerada** para las zonas afectadas, con un presupuesto inicial de **2 millones de euros**, aunque sin detalles sobre plazos ni especies a plantar. La oposición, representada por el **Partido Aragonés (PAR)**, ha criticado la lentitud en la respuesta y ha exigido una **auditoría independiente** sobre la gestión del INFLAR durante el incendio.
En el ámbito judicial, la libertad provisional del detenido ha abierto un precedente sobre cómo se tratan los casos de incendios forestales en Aragón. Hasta ahora, la Fiscalía solía solicitar fianzas altas para este tipo de delitos, pero la Audiencia de Huesca ha flexibilizado el criterio al considerar que **no hay pruebas suficientes** para mantener la prisión preventiva. Este cambio podría influir en futuros casos similares, aunque también genera incertidumbre sobre la eficacia de las investigaciones.
Mientras, las localidades afectadas, como **Las Peñas de Riglos**, aún enfrentan consecuencias económicas y sociales. El turismo, clave en la zona, ha caído un **40%** desde que comenzó el incendio, según estimaciones de la **Asociación de Empresarios de Huesca**. Además, la reconstrucción de infraestructuras como la carretera A-132, dañada por los trabajos de extinción, podría retrasarse hasta **finales de 2026**, según fuentes de la Diputación Provincial.
