El auto atribuye a Corbín 3,6 millones en comisiones y a Grau 2 millones, y vincula pagos electorales al PSPV y al PP
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, Pepa Tarodo, ha dado por terminada la investigación del caso Azud y ha procesado a 38 personas por presuntas comisiones y pagos electorales. El auto de procedimiento abreviado, notificado a las partes, todavía puede ser recurrido en reforma o apelación.
La causa arrancó en 2017, después de que la Agencia Tributaria recibiera el 12 de enero de 2016 una carta anónima sobre el tren de vida del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. En estos nueve años la investigación llegó a reunir a 61 investigados, una cifra que el auto reduce ahora a 38 procesados.
Entre los nombres señalados figuran Corbín, a quien la jueza atribuye el cobro de 3,6 millones de euros en presuntas mordidas, y Alfonso Grau, mano derecha de Barberá entre 1991 y 2015, con 2 millones. También aparecen los empresarios Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando, el ex portavoz del PSPV en València Rafael Rubio y el jurista José Luis Vera. Corbín, Grau, Febrer y Montoro pasaron por prisión provisional durante la instrucción.
El auto detalla que Rubio habría cobrado 197.256 euros en comisiones mediante 77 imposiciones bancarias inferiores a 3.000 euros, y vincula esos pagos a un supuesto acuerdo para que guardara silencio sobre negocios entre Febrer y Grau. A Vera se le atribuye haber actuado como introductor del promotor ante ayuntamientos e instituciones socialistas, labor por la que las empresas de Febrer le habrían pagado un millón de euros.
La resolución abre otra línea sobre el pago de gastos electorales del PSPV en 2007 y 2008, y también recoge gastos vinculados al PP en Jijona. Según el auto, Espacios Urbanos de Jijona abonó 484.480,46 euros a Gigante Edificaciones y Obras, con sede en Tomelloso, que después pagó facturas a cuatro sociedades encargadas de material publicitario para las campañas socialistas de esos años. La jueza relaciona esos movimientos con una actuación de Acuamed sobre un plan urbanístico de Jijona y con la candidatura de Rosa María Verdú, entonces alcaldesa del PP en la localidad.
La instructora ha rechazado las peticiones de sobreseimiento de varias defensas y ha denegado nuevas diligencias, salvo la solicitud de Vera de declarar este mes de septiembre conforme al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El caso Azud entra así en la fase de procedimiento abreviado, previa al juicio oral.
