El informe del órgano fiscalizador cifra en un 47% menos el dinero per cápita que recibe la comunidad para sostener sanidad, educación y dependencia.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha cifrado en 457 euros por habitante la diferencia acumulada entre lo que la comunidad ha recibido del Estado y la media del resto de territorios entre 2009 y 2023. El dato, recogido en un informe del órgano fiscalizador autonómico, se refiere al dinero destinado a costear los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia, competencias que Andalucía tiene transferidas.
El cálculo abarca catorce años de aplicación del vigente sistema de financiación autonómica, el modelo pactado entre el PSOE y ERC durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese marco es el que el actual Gobierno ha anunciado que quiere revisar, un proceso que corresponde pilotar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde se sientan el Ministerio de Hacienda y las comunidades para negociar los repartos.
La comparación que sostiene la cifra es per cápita: lo ingresado por cada andaluz frente a la media por habitante del conjunto del sistema. La conclusión del informe es que la comunidad percibe casi la mitad de dinero por residente para sostener los servicios esenciales que tiene transferidos, un 47% menos.
Qué mide el sistema de financiación autonómica
El modelo vigente reparte los recursos entre las comunidades a través de entregas a cuenta y liquidaciones posteriores, calculadas con variables como población, superficie o dispersión. Andalucía es la comunidad más poblada de España, lo que la convierte en la principal receptora en términos absolutos, pero el informe sitúa el foco en la ratio por habitante, donde el resultado es inferior a la media. La revisión pendiente del sistema lleva años sobre la mesa: el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha planteado abordarla, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la responsable de llevar esa negociación al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por qué el informe llega ahora
La publicación del cálculo de la Cámara de Cuentas se produce en un momento en que la financiación autonómica vuelve a estar en el centro del debate territorial. El órgano fiscalizador andaluz no fija una posición política sobre el modelo, sino que cuantifica la diferencia entre lo recibido y la referencia media durante el periodo analizado. El informe pone cifras a un agravio que el Gobierno andaluz viene reclamando desde hace años y que ahora queda respaldado por un documento de fiscalización.
El sistema que se cuestiona nació de un acuerdo político entre el PSOE y ERC en la etapa de Zapatero, y su revisión exige un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades tienen voto. Andalucía, gobernada por el PP desde 2019, ha convertido la reclamación de una financiación más alta en una de sus banderas recurrentes ante el Ejecutivo central, que responde que cualquier cambio debe pactarse en ese foro multilateral.
