El operador activa por séptima vez en el año el corte de demanda industrial para esquivar cortes de luz domésticos
Red Eléctrica recurrió el pasado viernes por séptima vez en lo que va de año a la activación del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), una orden de parada forzosa dirigida a la gran industria consumidora para evitar cortes de suministro eléctrico en los hogares. La medida se ejecutó al filo de las nueve de la noche tras detectarse nuevos desajustes entre la oferta y la demanda en las redes generales, consolidando un mecanismo concebido originalmente para emergencias excepcionales como una herramienta de uso recurrente.
La factura de este instrumento acumula un coste cercano a los 450 millones de euros en el ejercicio actual. La mayor parte de este importe corresponde al pago por disponibilidad, una cuota fija que retribuye a las fábricas electro intensivas por permanecer en prealerta técnica. Entre enero y junio, el operador reservó 1.725 megavatios a razón de 65 euros por megavatio hora durante 2.279 horas, sumando 255,53 millones. En el segundo semestre, la reserva se elevó a 1.775 megavatios a lo largo de 2.358 horas con un precio de 42,62 euros, añadiendo otros 178,38 millones hasta alcanzar 433,92 millones de euros en retribución fija.
Las compensaciones directas por parar efectivamente las líneas de producción representan una fracción mucho menor del total, situándose en torno a 1,55 millones de euros. Tras un primer aviso invernal el 28 de enero que retiró 1.725 megavatios por menor generación eólica, el sistema encadenó seis intervenciones durante el verano: el 15 y el 22 de julio, el 11 y el 20 de agosto, y finalmente el 4 de septiembre. Estas actuaciones estivales recortaron 8.591,8 megavatios hora de demanda fabril a un precio medio ponderado próximo a los 180 euros por megavatio hora, alcanzando un pico puntual de 210,91 euros en agosto.
El marco legal del SRAD quedó fijado en octubre de 2022 mediante la Orden TED/934/2022 para sustituir al extinto sistema de interrumpibilidad comercial. No obstante, las empresas del sector advierten de que reclamarán una mayor remuneración en las próximas convocatorias debido a la frecuencia imprevista con la que el gestor técnico recurre a estas órdenes de desconexión. Las tensiones operativas obligan además a movilizar otras partidas de ajuste técnico fuera del mercado diario para equilibrar la red.
Este encarecimiento de la estabilidad energética presiona directamente las cuentas generales del sistema peninsular. Un informe elaborado por la consultora EY proyecta que el coste total de los servicios de ajuste y operación técnica superará los 5.600 millones de euros al cierre del presente año, tras haber alcanzado ya unos 1.700 millones en el primer trimestre. La cifra refleja una escalada continuada desde los 2.661 millones registrados en 2024 y los 3.812 millones contabilizados por el operador en 2025.
