El conseller José Antonio Rovira asistirá a la reunión para votar en contra del nuevo modelo de financiación autonómica
La Generalitat Valenciana asistirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada por el Ministerio de Hacienda para este viernes por la mañana, desmarcándose del boicot promovido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pese a personarse en la cita multilateral, el conseller de Hacienda valenciano, José Antonio Rovira, emitirá un voto contrario al proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno central.
Esta decisión de personarse en la mesa resulta determinante para el funcionamiento del órgano regulador multilateral. El reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera estipula que las sesiones y votaciones únicamente adquieren validez jurídica con la presencia de al menos la mitad de sus integrantes, un cuórum que habría decaído de consumarse la ausencia coordinada de todos los gobiernos autonómicos encabezados por el Partido Popular. La asistencia de la representación valenciana permite sortear el bloqueo procedimental y abre la puerta a que la reforma continúe su tramitación técnica antes de su posterior debate y votación en el Congreso de los Diputados.
Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Arcadi España, calificaron el intento de boicot institucional como una maniobra irresponsable de «gamberrismo institucional», recalcando que la reunión de la Comisión Técnica celebrada este jueves transcurrió con la participación de todas las comunidades de régimen común. En los cálculos de la administración central, la reforma saldrá adelante sin requerir el visto bueno valenciano, dado que las normas de votación otorgan luz verde a la propuesta con el concurso de un solo territorio autonómico, un respaldo que el Ejecutivo da por asegurado tras los acercamientos con Cataluña y el pacto presupuestario alcanzado con Canarias.
El posicionamiento oficial del ejecutivo valenciano fue detallado por su portavoz, Miguel Barrachina, tras el rechazo ministerial a las alegaciones presentadas por su departamento. Las peticiones de la administración autonómica exigían articular un fondo de nivelación transitorio previo a la aplicación del esquema en 2027, blindar que el territorio no se sitúe por debajo de la media de recursos y calcular el reparto sobre la cifra poblacional del último ejercicio. La desestimación íntegra de estas condiciones técnicas motivó la confirmación del voto negativo en un escenario donde el archipiélago canario, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, sí optó por pactar un fondo específico bilateral.
