Exteriores y Moncloa cambian cifras, categorías y hasta el perfil de los beneficiarios sin explicar las diferencias entre 1,2 millones de solicitudes y 2,5 millones de ‘interesados’
El Gobierno ha utilizado al menos tres sistemas de conteo diferentes para medir el impacto de la Ley de Memoria Democrática en la concesión de nacionalidad a descendientes de españoles, con cifras que oscilan entre los 876.321 y los 2,5 millones de personas sin una justificación clara sobre qué incluye cada dato.
El 1 de octubre de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publicó una nota oficial desde Buenos Aires con datos a 31 de julio de ese año. En ella, se detallaba que 876.321 personas habían solicitado oficialmente la ciudadanía española bajo el amparo de esta normativa. El plazo para presentar solicitudes se cerró el 22 de octubre de 2025, por lo que, en teoría, el universo de posibles beneficiarios debería haber quedado fijo en esa fecha.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2025, el ministro Ángel Víctor Torres elevó la cifra a más de 2,3 millones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Torres se refirió a personas que se habían interesado por obtener la nacionalidad, un término que no coincidía con el de solicitudes oficiales utilizado previamente. La discrepancia era evidente: el plazo estaba cerrado,, pero el contador seguía creciendo.
El 29 de diciembre de 2025, Torres volvió a actualizar la cifra, esta vez a 2,4 millones, pero cambiando la categoría a personas que habían pedido cita para convertirse en españoles. Este ajuste introducía una nueva variable: el concepto de cita, que no era equivalente a una solicitud formal presentada en los consulados.
El Ministerio de Exteriores suma más de 2,45 millones de «interesados» en abril de 2026
El 29 de abril de 2026, durante una visita al Consulado General de España en México, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que más de 2,45 millones de personas habían manifestado su interés en optar por la nacionalidad española. Este dato, recogido en una nota oficial de Exteriores, supuso un nuevo salto en la escalada de cifras, pero también un cambio en la terminología: de solicitudes oficiales a interés manifestado.
El problema radica en que, según la realidad administrativa, tras el cierre del plazo el 22 de octubre de 2025, solo podían aumentar las comparecencias, los expedientes presentados, las concesiones de nacionalidad o las inscripciones en el Registro Civil. Lo que no podía crecer era el número de personas que habían solicitado válidamente su cita dentro del plazo. Si las cifras posteriores incluían a personas ya registradas antes del cierre pero no contabilizadas en balances centrales, el Gobierno no ha explicado por qué sus sucesivos contadores eran incompletos o por qué seguían abiertos meses después.
Exteriores y Moncloa desvelan 1,2 millones de solicitudes y 2,5 millones de «beneficiarios» en seis días
El 23 de junio de 2026, el Ministerio de Exteriores publicó un balance con datos a 31 de mayo que, por primera vez, desglosaba cifras concretas y verificables. Según este informe, se habían presentado 1.225.188 solicitudes personalmente en las Oficinas Consulares, se habían aprobado 571.761 expedientes y se habían realizado 333.696 inscripciones. El término interesados había desaparecido del balance.
Sin embargo, solo seis días después, el 29 de junio, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó en Moncloa que 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados habían pedido la nacionalidad. Esta declaración introducía dos novedades: la cifra más alta hasta la fecha y un cambio en la descripción de los beneficiarios, que ahora se limitaban a descendientes de españoles exiliados, a pesar de que la Instrucción de 2022 —firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente— había ampliado el derecho también a descendientes de españoles originarios sin exigir prueba de exilio en ese supuesto.
La diferencia entre los 1.225.188 solicitudes presentadas y los 2,5 millones mencionados por Saiz asciende a 1.274.812 personas. Este desajuste no refleja un aumento real en seis días, sino la utilización de dos contadores distintos sin aclarar qué incluía cada uno. Mientras Exteriores hablaba de solicitudes presentadas personalmente, Moncloa se refería a un concepto más amplio y menos preciso.
La Junta Electoral Central cuestiona la Instrucción de 2022 y su ampliación del derecho
El 16 de julio de 2026, cuatro vocales de la Junta Electoral Central emitieron un voto particular en el que sostenían que determinados apartados de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 contenían previsiones contrarias a la propia Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Según estos vocales, la Instrucción había ampliado el derecho a la nacionalidad más allá de lo aprobado por el legislador, lo que podría haber contribuido a la confusión en el recuento de beneficiarios.
La falta de transparencia en las cifras no es el único aspecto que genera dudas. La forma en que el Gobierno ha presentado los datos —cambiando no solo las cifras, sino también las categorías y el perfil de los beneficiarios— sugiere que no se trata de un simple error estadístico. Cuando conviene destacar el alcance de la ley, se mencionan cifras como 2,3, 2,4, 2,45 o 2,5 millones. Sin embargo, cuando Exteriores desglosa datos concretos, como las solicitudes presentadas, la cifra se reduce a 1.225.188.
Iustitia Europa pide al Supremo que audite la trazabilidad de las solicitudes
El 7 de septiembre de 2026, la asociación Iustitia Europa presentará una solicitud ante el Tribunal Supremo para que fiscalice la caja negra de las cifras de la ley de nietos. La petición, basada en las investigaciones publicadas por El Debate, incluye como comandados a la Presidencia del Gobierno y al Instituto Nacional de Estadística (INE). El objetivo es obligar a las autoridades a aclarar la trazabilidad completa de las solicitudes: quién pidió cita dentro de plazo, quién compareció, quién presentó expediente, quién obtuvo la nacionalidad y cuál fue su recorrido hasta el Registro de Matrícula Consular, el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) y, en su caso, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La nacionalidad española y el censo electoral son dos pilares fundamentales de la democracia. Por ello, como señala el texto de El Debate, una democracia no puede aceptar contadores que cambian de cifra, de nombre y hasta de contenido. La falta de claridad en estos datos no solo afecta a la transparencia, sino que podría tener implicaciones en el derecho a la nacionalidad y en la composición del censo electoral, un aspecto crítico en cualquier proceso democrático.
Fuente: El Debate
