El Ministerio de Juventud e Infancia propone trasladar a 500 niñas a ONG peninsulares para aliviar la saturación, mientras el PP rechaza el reparto
El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad el crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a la infancia migrante en Ceuta, durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves en Madrid. La reunión, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se centró en este único punto del orden del día, que ya había sido anunciado por el Ejecutivo central el pasado martes en el Consejo de Ministros.
Los fondos, destinados a financiar con carácter urgente la atención inmediata, acogida y traslado de menores migrantes no acompañados en Ceuta, cubrirán gastos como información, orientación, apoyo psicosocial, escolarización, inserción sociolaboral, inclusión social en acogimiento residencial o familiar, alojamiento, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socio educativo, servicios de traducción e identificación de perfiles vulnerables.
Además de la aprobación del crédito, el Ministerio de Juventud e Infancia planteó el traslado de alrededor de 500 niñas menores migrantes acogidas en Ceuta a ONG de la Península. El objetivo es atender su situación de «urgencia y especial vulnerabilidad», según el ministerio, y mitigar la controversia política en torno al reparto de inmigrantes, así como las quejas de los territorios que denuncian la saturación de sus sistemas de acogida.
La ministra Sira Rego propuso «habilitar fórmulas que permitan agilizar la acogida de los perfiles más vulnerables, especialmente niñas, mediante recursos especializados de entidades sociales en la Península, sin necesidad de transferir la tutela a las comunidades autónomas». Así, las ONG repartidas por las autonomías se harían cargo de las menores, pero la tutela seguiría en manos de Ceuta.
La situación tras el asalto masivo del 30 de julio
Esta medida forma parte de las acciones para abordar las necesidades de los 1.500 niños inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto masivo del pasado 30 de julio. De ellos, 700 son niñas. Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la propuesta de trasladar a estas menores desde Ceuta a recursos gestionados por entidades sociales es «independiente del mecanismo de reparto de menores entre comunidades autónomas previsto en el real decreto impulsado por el Gobierno». Se trata, por tanto, de «dos vías diferentes»: la derivación urgente de las menores más vulnerables a centros gestionados por fundaciones y organizaciones especializadas de la Península, y el sistema de distribución territorial que contempla el decreto de acogida entre autonomías.
La ministra Sira Rego justificó esta propuesta en rueda de prensa posterior a la reunión. Reivindicó la gestión del Gobierno y la aprobación del real decreto el pasado martes, que «nos ha permitido acoger a casi 700 niñas» en Ceuta. Además, remarcó que «los derechos humanos se respetan, se van a respetar, y se va a cumplir con el ordenamiento jurídico».
La presión legal y la modificación de la ley de Extranjería
Rego subrayó la necesidad de «activar las vías de acogida en la Península de niños y niñas» como «manera de destensionar» la situación en Ceuta, pero también para cumplir la ley. Se refirió a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en marzo de 2025, que obliga a las autonomías a acoger a los menores migrantes no acompañados cuando el Estado declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria, como es el caso de Ceuta.
La ministra advirtió de que «no vamos a aceptar, como dice el PP, ninguna deportación masiva de niños» y recordó que, en la mayoría de los casos, es imposible la reagrupación familiar de los menores porque se requiere la colaboración de Marruecos. También alertó sobre el cambio de perfil migratorio en Ceuta, con muchos menores de menos de 13 años.
El rechazo del PP y Vox al reparto de menores
En el orden del día de la reunión se intentó incluir un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma, pero las autonomías gobernadas por el PP se negaron a debatirlo. Rego anunció su intención de volver a plantearlo en futuras reuniones sectoriales. La cita de este jueves se preveía tensa, especialmente tras la ausencia de las regiones de Aragón, Castilla y León y Extremadura —donde las políticas de Infancia están en manos de Vox bajo gobiernos del PP— en la comisión del pasado 13 de agosto.
El resto de autonomías gobernadas por el PP asistieron a la reunión, pero mantuvieron una posición común en contra de cualquier reparto de los menores llegados a Ceuta durante el asalto del 30 de julio. En sendas cartas dirigidas a la ministra, los consejeros de Vox confirmaron su postura y anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta. Estas comunidades defendieron el retorno a Marruecos de «todos» los migrantes, mayores y menores, llegados de forma irregular.
Comunidades como la Comunidad Valenciana ven «difícil poder acoger a más» menores, con los recursos al «200 %». Desde la Comunidad de Madrid, su consejera, Ana Dávila, justificó su presencia en la reunión «exclusivamente en apoyo a Ceuta, que sigue abandonada por el Gobierno de España», y exigió al Ejecutivo central «que actúe, que proteja las fronteras y que ponga más medios al servicio de Ceuta y de todas las comunidades autónomas que reciben llegadas masivas de inmigrantes de forma irregular».
Por su parte, gobiernos autonómicos socialistas, como el de Cataluña, han ofrecido «máxima colaboración» en la posible derivación de menores.
El marco legal y las competencias en juego
La Ley de Extranjería, modificada en marzo de 2025, establece que las comunidades autónomas deben acoger a los menores migrantes no acompañados cuando el Estado declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Este mecanismo busca garantizar la atención de los menores en todo el territorio nacional, evitando la saturación en puntos concretos como Ceuta. Sin embargo, la aplicación de esta norma ha generado tensiones entre el Gobierno central y algunas autonomías, especialmente aquellas gobernadas por el PP y Vox, que rechazan el reparto y abogan por el retorno de los migrantes a sus países de origen.
La propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar a 500 niñas a ONG peninsulares busca, por un lado, aliviar la presión en Ceuta y, por otro, cumplir con las obligaciones legales sin transferir la tutela a las comunidades autónomas. Esta fórmula permite mantener la responsabilidad sobre los menores en manos de la ciudad autónoma, mientras se distribuyen los recursos humanos y materiales necesarios para su atención.
La reunión de este jueves puso de manifiesto las divisiones políticas en torno a la gestión de la migración, especialmente en lo que respecta a los menores no acompañados. Mientras el Gobierno central y algunas autonomías socialistas apuestan por soluciones basadas en la acogida y el reparto, otras comunidades, lideradas por el PP y Vox, priorizan el control fronterizo y el retorno de los migrantes.
