La Xunta de Galicia instalará un cierre provisional en la estación de Vigo y solicita colaboración a Policía Nacional y servicios sociales municipales
La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo han acordado este lunes instalar un cierre provisional en los soportales de la estación de autobuses de la ciudad para reforzar la seguridad en la zona, donde se registra una presencia continuada de personas sin hogar. El Gobierno gallego, como titular del inmueble, ha presentado ya la comunicación previa de obra ante el Consistorio y ha solicitado la colaboración de la Policía Nacional y de los servicios sociales municipales para ejecutar la medida.
La decisión se enmarca en un plan de actuaciones conjuntas entre ambas administraciones para abordar la situación en el entorno de la estación. Aunque no se han detallado plazos concretos para la instalación del cierre, la Xunta ha confirmado que la obra requerirá la intervención de los agentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, así como de los equipos de atención social del Ayuntamiento, que deberán gestionar alternativas para las personas afectadas.
El conflicto en la estación de autobuses de Vigo no es nuevo. En los últimos meses, colectivos sociales y vecinos han denunciado la falta de recursos para atender a las personas en situación de calle, así como la saturación de los albergues municipales. La medida adoptada por la Xunta y el Ayuntamiento llega en un contexto de creciente tensión por el aumento de la visibilidad de la pobreza en espacios públicos, un fenómeno que también ha generado debates similares en otras ciudades como Barcelona o Madrid.
La colaboración entre administraciones en este caso refleja un modelo de gestión compartida que, sin embargo, podría chocar con las competencias autonómicas y locales. Mientras la Xunta asume la ejecución material de la obra por ser propietaria del inmueble, el Ayuntamiento de Vigo —gobernado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en coalición con el PSdeG-PSOE— deberá coordinar la respuesta social, un equilibrio que podría generar tensiones si no se articulan soluciones a largo plazo para las personas sin hogar.
La Delegación del Gobierno en Galicia, dependiente del Ministerio del Interior, aún no ha confirmado cómo se integrará la Policía Nacional en el operativo, aunque su participación sugiere un enfoque que combina seguridad y asistencia social. La medida, en cualquier caso, no contempla la creación de nuevos recursos habitacionales, lo que ha llevado a organizaciones como Cáritas a advertir de que el cierre de los soportales podría agravar la situación de vulnerabilidad sin ofrecer alternativas reales.
Fuente: ABC (España)
