David Moreno cifra en un 63,4% el aumento de las listas autonómicas y exige aplicar la prioridad nacional en las ayudas
Las familias solicitantes de ayudas por discapacidad y dependencia en Castilla-La Mancha afrontan esperas superiores a un año para lograr el reconocimiento oficial de su situación y acceder a las prestaciones públicas. Así lo denunció en Albacete el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes autonómicas, David Moreno, durante los actos institucionales celebrados con motivo de la feria local, donde situó en un 63,4 % el incremento reciente de las listas de espera en la comunidad.
El representante parlamentario responsabilizó de esta demora acumulada al Ejecutivo autonómico que encabeza Emiliano García-Page, al que acusó de «vulnerar los derechos» de los solicitantes al dilatar la tramitación de los expedientes administrativos. Para el portavoz de la formación, la Junta de Comunidades «no puede ser el enemigo burocrático de quienes están luchando diariamente por su vida», por lo que reclamó elevar la dotación económica, agilizar los plazos de valoración médica y suprimir trabas burocráticas en el sistema asistencial.
La gestión de las valoraciones y la asignación de recursos recae directamente en la Consejería de Bienestar Social de la Junta, administración competente en la aplicación de la ley estatal de dependencia dentro del territorio autonómico. Ante la disparidad de demoras entre comunidades autónomas, Moreno defendió el establecimiento de criterios de evaluación comunes para toda España, argumentando que una idéntica situación de necesidad no puede recibir plazos de resolución distintos según el lugar de residencia del afectado.
El grupo opositor demandó igualmente la aplicación del principio de «prioridad nacional» en el reparto de las ayudas y los recursos asistenciales públicos. Bajo este planteamiento, la formación defiende que los ciudadanos que han cotizado y contribuido al sostenimiento del sistema deben contar con una respuesta prioritaria frente a otras solicitudes en el momento de requerir apoyo público.
Como respuesta institucional, la formación formalizará una batería de iniciativas parlamentarias en el Parlamento autonómico para auditar los tiempos medios de resolución que registra la administración regional. Estas propuestas parlamentarias exigirán frenar la apertura de nuevos organismos públicos antes de solucionar los retrasos actuales, además de reclamar la agilización inmediata de los reconocimientos de discapacidad y de las tarjetas de movilidad reducida.
