La segunda licitación, aprobada el 30 de abril, eleva el presupuesto a 4.330.336,53 euros, un aumento de 376.575,82 euros respecto a la propuesta inicial
La Casita de Chocolate, antigua gestora de las tres escuelas infantiles municipales de Toledo, ha respondido con un extenso alegato a las acusaciones del Ayuntamiento de intentar bloquear la adjudicación del servicio. La empresa niega haber actuado con mala fe y reclama que se analicen los documentos administrativos presentados durante el proceso.
El conflicto estalló tras la desestimación de su recurso por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el pasado 23 de septiembre. Aunque la resolución levantó la suspensión cautelar, la empresa subraya que no hubo «mala fe ni temeridad» en su presentación, según la documentación difundida. «No pedimos que nadie crea nuestra versión. Pedimos que lea los documentos y saque sus propias conclusiones», declaró la compañía.
El origen del enfrentamiento se remonta a las fechas de vencimiento de los contratos de las escuelas, que impedían al Ayuntamiento licitar conjuntamente los tres centros. La Casita de Chocolate aceptó finalizar anticipadamente los contratos vigentes y continuar gestionando los centros hasta el 31 de agosto de 2026 para facilitar la transición. Además, asegura que organizó el proceso de admisión del curso 2026/2027 tras una llamada desde el despacho del alcalde, Carlos Velázquez.
La empresa también cuestiona el aumento del presupuesto de la licitación, que pasó de 3.953.760,71 euros a 4.330.336,53 euros (un incremento de 376.575,82 euros) tras sus advertencias sobre tablas salariales y absentismo. Aunque no atribuye directamente este ajuste a sus alertas, destaca que las planteó antes de la aprobación del nuevo presupuesto.
El Ayuntamiento, por su parte, acusó a la gestora de «poner palos en las ruedas» y reclamó disculpas por la incertidumbre generada. Sin embargo, la empresa insiste en que su recurso fue un ejercicio legítimo de defensa de sus intereses y que colaboró cuando se le solicitó, como demuestran los contratos de asistencia técnica firmados.
El TACRC, en su resolución, confirmó que no hubo intención de obstaculizar, pero el Ayuntamiento mantiene su postura. La disputa refleja tensiones entre la administración local y la empresa, que ahora apela a la transparencia documental para aclarar los hechos.
