Rollán acusa al Gobierno de «escamotearse» del control parlamentario mientras Interior, Defensa y Exteriores alegan que darán explicaciones en el Congreso el 25 de agosto
El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha convocado a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Exteriores, José Manuel Albares, para que comparezcan esta semana y la próxima en comisión por la crisis migratoria en Ceuta. Los tres titulares han anunciado que no asistirán, alegando que ya tienen previsto informar sobre el asunto en el Congreso el próximo 25 de agosto.
El presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, ha criticado la decisión y ha acusado al Gobierno de intentar escamotearse del control parlamentario. Rollán insiste en que la comparecencia en el Congreso no sustituye la obligación de acudir al Senado, amparada en los artículos 76 y 110 de la Constitución y en el Reglamento de la Cámara, que establece la obligatoriedad de comparecer ante sus comisiones.
Sin embargo, la normativa no prevé sanciones por incumplimiento, por lo que los ministros no enfrentan multas ni consecuencias legales directas. El conflicto podría escalar al Tribunal Constitucional, como ya ocurrió en enero, cuando el Senado recurrió la negativa de Pedro Sánchez a comparecer para explicar el accidente ferroviario de Adamuz, que causó 46 víctimas mortales. En aquella ocasión, el Constitucional admitió a trámite la reclamación, aunque aún no ha resuelto.
La crisis migratoria en Ceuta, que motivó la convocatoria, sigue sin resolverse. El Gobierno ha optado por priorizar su intervención en el Congreso, donde el PSOE cuenta con mayor apoyo parlamentario, mientras el PP, con mayoría en el Senado, busca forzar un debate en la Cámara alta para erosionar la imagen del Ejecutivo. La ausencia de los ministros dejaría al Senado sin respuestas directas, aunque la confrontación institucional podría prolongarse con recursos legales.
El precedente de enero demuestra que el Tribunal Constitucional puede intervenir en estos conflictos, aunque su resolución suele demorarse meses. Mientras, el Gobierno mantiene su estrategia de centralizar las explicaciones en el Congreso, donde tiene más margen para controlar el relato político.
