El presidente del Gobierno acudirá a la Cámara Baja este jueves tras las discrepancias públicas entre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
Pedro Sánchez acudirá este jueves al Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la crisis migratoria desatada tras el acceso de 80.000 personas en Ceuta, después de que la Junta de Portavoces forzara adelantar su presencia frente a la pretensión inicial del Ejecutivo de comparecer en la sesión ordinaria fijada para el 9 de septiembre. El jefe del Ejecutivo intervendrá primero el lunes 31 de agosto a las 08.30 horas en una entrevista concedida a la Cadena SER, lo que supondrá su primera declaración pública desde el pasado 31 de julio, periodo en el que ha permanecido en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote.
La gestión del episodio ha provocado fisuras en el seno del Consejo de Ministros y reproches entre las fuerzas parlamentarias que sostienen la mayoría legislativa. Durante el mes de agosto, el Ejecutivo asumió el mando único y procedió a la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma. En este intervalo, la actividad pública del presidente se limitó a dos reuniones telemáticas desde Canarias y a la presidencia del Consejo de Seguridad convocado el lunes previo a su reunión formal del martes.
Las explicaciones ofrecidas por el gabinete suscitaron críticas de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente y en las comparecencias extraordinarias de comisiones. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, calificó de lamentable que la rendición de cuentas se demorara hasta septiembre e indicó que resultaba obligado suspender el descanso estival para afrontar la situación. En el grupo de Sumar, la portavoz Verónica Martínez aceptó formalmente cualquiera de las fechas planteadas, si bien el diputado Alberto Ibáñez defendió que la comparecencia debió sustanciarse de inmediato. Desde ERC catalogaron de deficitario el papel del presidente durante las últimas semanas, extremo replicado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien sostuvo en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que el mandatario permaneció en contacto permanente dando directrices de actuación.
El choque competencial entre Defensa e Interior
La controversia interna quedó patente en los testimonios cruzados entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ambos integrantes del Ejecutivo desde 2018. El origen del desacuerdo radica en las comunicaciones previas a los acontecimientos del día 30 en el paso fronterizo. Robles afirmó ante la Comisión de Defensa que los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desplegados en la zona informaron el 29 de julio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Delegación del Gobierno sobre la convocatoria para cruzar a nado coincidiendo con la festividad del Día del Trono en Marruecos.
Grande-Marlaska, por su parte, desmintió la recepción de avisos que alertaran sobre una entrada de tal escala y ratificó en el Congreso que no existía constancia documental previa sobre los hechos sucedidos el día 30. La posición manifestada por el titular de Interior recabó el respaldo público de otros miembros del gabinete, entre ellos el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.
Discrepancias en torno a la visita institucional a Ceuta
A las discrepancias sobre la información de inteligencia se sumaron valoraciones divergentes respecto a un eventual viaje oficial del rey a Ceuta, traslado señalado por el presidente autonómico Juan Jesús Vivas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que la Casa Real mantiene la potestad sobre su agenda, mientras que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puntualizó que corresponde al Gobierno la determinación de la actividad exterior e institucional del jefe del Estado en materias con repercusión política.
