La ministra de Defensa asegura que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio sobre una convocatoria masiva, mientras Interior niega cualquier aviso
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrecieron este martes versiones contradictorias sobre los avisos previos al asalto migratorio del 30 de julio en Ceuta, que dejó más de 8.000 entradas irregulares en menos de 24 horas. El enfrentamiento público, en pleno debate parlamentario, revela una grieta en la coordinación entre los dos ministerios con competencias clave en seguridad fronteriza.
Robles defendió en el Congreso que los servicios de Inteligencia cumplieron con su labor y compartieron la información disponible con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Ceuta. Operativamente, el CNI realizó la labor que competencialmente le era exigible y la compartió, afirmó. La ministra detalló que 25 agentes del Centro Nacional de Inteligencia trabajaban en la ciudad autónoma el día del asalto, aunque precisó que su destino tiene carácter secreto. Además, confirmó que el 29 de julio —un día antes de la avalancha— el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno una convocatoria que animaba a cruzar la frontera aprovechando la Fiesta del Trono en Marruecos. Robles también recordó que, en los días previos, se registraban entradas de alrededor de 1.000 personas diarias y que el 27 de julio hubo una reunión entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno para analizar el riesgo de colapso.
Marlaska, sin embargo, negó rotundamente que existiera «ningún informe» que anticipara la magnitud del asalto. «No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió», declaró, añadiendo que ni siquiera servicios de inteligencia extranjeros detectaron señales de alerta. La discrepancia entre ambos ministros pone en duda la eficacia de los protocolos de coordinación entre Defensa e Interior, especialmente en un contexto donde Marruecos ha intensificado su retórica sobre Ceuta y Melilla. El mismo martes, el ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, utilizó en un acto con el rey Mohamed VI la expresión «liberar las ciudades ocupadas» para referirse a los territorios españoles, mientras que su homólogo de Justicia, Abdellatif Ouahbi, insistió en que ambas ciudades «deben volver al seno de la patria».
El choque entre Robles y Marlaska llega en un momento crítico para el Gobierno, que ya enfrenta críticas por su gestión de la crisis migratoria. La oposición, liderada por el PP, ha acusado al Ejecutivo de «improvisación» y de no actuar con suficiente antelación, mientras que partidos como Vox exigen medidas más duras, como el cierre permanente de la frontera. La Delegación del Gobierno en Ceuta, dependiente del Ministerio de Interior, es la encargada de coordinar la respuesta operativa sobre el terreno, pero la falta de consenso entre los dos ministros podría debilitar la posición española en futuras negociaciones con Rabat.
La reivindicación territorial marroquí sobre Ceuta y Melilla no es nueva, pero las declaraciones recientes de Toufiq y Ouahbi —enmarcadas en un contexto de tensión diplomática— añaden presión al Gobierno. Ouahbi llegó a proponer la creación de una comisión bilateral para abordar el «derecho histórico y geográfico» de Marruecos sobre ambas ciudades, una demanda que España ha rechazado sistemáticamente. Mientras, en Ceuta, las autoridades locales siguen gestionando las consecuencias del asalto, con más de 2.000 personas aún en centros de acogida y recursos sanitarios y sociales al límite.
