La reunión, prevista para mañana, será la primera en usar la inédita declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional
Margarita Robles, ministra de Defensa, y Fernando Grande‑Marlaska, ministro del Interior, comparecerán mañana en el Consejo de Seguridad Nacional para debatir la falta de aviso previo sobre la masiva llegada de migrantes a Ceuta a finales de julio.
Fuentes del Ministerio del Interior afirman que Grande‑Marlaska mantendrá su versión de que «no hubo un informe que avisara de una llegada masiva de tal magnitud», mientras que fuentes de Defensa sostienen que el CNI emitió un informe oportuno y que se avisó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inclusive el día anterior a la oleada.
La reunión será extraordinaria: se estrenará la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional, mecanismo nunca usado en la historia reciente de España. Hasta la fecha, sólo se había contemplado en tres crisis —el intento de referéndum del 1‑O, los desórdenes tras la sentencia del procés y la oleada migratoria de mayo de 2021— pero nunca se activó por falta de un Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional.
En esta ocasión, el Catálogo sigue en elaboración desde una orden ministerial de octubre de 2025, lo que aumenta la presión sobre los ministros para armonizar sus relatos antes de las comparecencias programadas: Robles ante la Comisión de Defensa el martes y Grande‑Marlaska ante la Cámara Baja el viernes.
La ausencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que está de viaje, y su sustitución por Luis García Terán, secretario general de un organismo dependiente de Defensa, subraya la tensión interna. La presencia simultánea de los dos titulares en el mismo consejo es la primera desde el estallido de la crisis de Ceuta, y podría marcar una «cuadratura del círculo» que el Gobierno necesita para mostrar unidad.
Analistas señalan que el punto clave no será sólo si existió o no el informe, sino la magnitud que se comunicó. Una alerta que describa la escala del aluvión humano podría legitimar decisiones de intervención más tempranas y reducir la exposición política de los ministros.
