Los agentes, alertados por la presunta comisión de un delito, superaron los límites de velocidad y fueron denunciados ante un juez
Cuatro agentes de la Guardia Civil de Granada fueron denunciados por la Dirección General de Tráfico (DGT) tras ser captados por un radar superando los límites de velocidad mientras se dirigían a atender un aviso por la presunta comisión de un delito. El incidente, ocurrido el 11 de agosto de 2026, derivó en que los agentes tuvieran que declarar ante un juez, según fuentes del caso.
Los hechos se produjeron cuando los guardias civiles, pertenecientes a una unidad operativa de Granada, recibieron una alerta por un delito en curso y se desplazaron con rapidez al lugar. Sin embargo, el radar de Tráfico registró su exceso de velocidad, lo que activó el protocolo de denuncia. La normativa de la DGT establece que los vehículos prioritarios, como los de las fuerzas de seguridad, pueden exceder los límites de velocidad solo en casos de emergencia real y con las señales acústicas y luminosas activadas, algo que, según las primeras informaciones, no habría ocurrido en este caso.
El marco legal que regula estas situaciones se encuentra en el Reglamento General de Circulación, que permite a los agentes saltarse ciertas normas de tráfico únicamente cuando estén en servicio de urgencia. La denuncia contra los guardias civiles refleja que, en esta ocasión, la DGT consideró que no se cumplían los requisitos para justificar el exceso de velocidad, lo que llevó a la apertura del procedimiento judicial. Este tipo de casos son excepcionales, ya que suelen resolverse internamente sin llegar a la vía judicial.
El incidente ha generado un debate sobre los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia. Mientras algunos sectores defienden que los agentes deben tener mayor flexibilidad para responder a delitos, otros subrayan la necesidad de cumplir con las normas de tráfico para garantizar la seguridad vial. La Guardia Civil no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el caso, que sigue en fase de investigación judicial.
Este suceso se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre las fuerzas de seguridad y la DGT por la aplicación de sanciones a vehículos prioritarios. En 2025, se registraron al menos 12 denuncias similares en toda España, aunque la mayoría se resolvieron sin llegar a los tribunales. La polémica subraya la dificultad de equilibrar la eficacia operativa de los agentes con el respeto a las normas de circulación.
Fuente: ABC
