El artículo 155 forma parte del Título VIII de la Constitución española y establece el procedimiento mediante el cual el Estado puede intervenir en la autonomía de una comunidad cuando ésta incumple sus obligaciones constitucionales o actúe contra el interés general del país.
El proceso se inicia con una propuesta del Gobierno dirigida al Congreso de los Diputados, que debe aprobarla por mayoría absoluta. Tras la aprobación, el Gobierno emite un decreto que puede suspender competencias autonómicas, asumir la gestión de la administración regional o tomar otras medidas necesarias para restablecer el cumplimiento de la normativa constitucional.
El objetivo del artículo es garantizar la unidad del Estado y la observancia del marco constitucional, ofreciendo un mecanismo de última instancia para resolver conflictos graves entre la autonomía y la legalidad nacional.
Este artículo fue incluido en la Constitución de 1978 como respuesta a la necesidad de equilibrar la descentralización con la cohesión del Estado, asegurando que la autonomía no pueda ser utilizada para vulnerar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.
Una aplicación concreta del artículo 155 tuvo lugar en 2017, cuando el Gobierno central intervino la comunidad autónoma de Cataluña tras la celebración de un referéndum considerado ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia. La intervención incluyó la destitución del gobierno autonómico y la asunción temporal de competencias por parte del Estado.
Desde entonces, el artículo 155 ha sido objeto de estudio académico como una herramienta constitucional de carácter excepcional, utilizada únicamente cuando se considera que la situación supera los límites de la autonomía y amenaza la legalidad nacional.
