La ‘operación corral’, iniciada en julio de 2025, desarticuló una trama que falsificó documentos en viviendas de Níjar y Canjáyar sin consentimiento de los propietarios
La Policía Nacional ha detenido este 11 de agosto en Almería a 15 personas como presuntos responsables de una trama que realizaba empadronamientos fraudulentos para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en situación irregular. La investigación, denominada operación corral y en marcha desde julio de 2025, ha identificado 47 empadronamientos falsos en cinco viviendas de Almería, Níjar y Canjáyar, sin conocimiento ni autorización de sus legítimos propietarios.
Los detenidos, según fuentes policiales, están acusados de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El empadronamiento fraudulento es una práctica utilizada para acceder a beneficios como la sanidad pública, ayudas sociales o incluso la obtención de permisos de residencia, al simular una residencia legal en España. En este caso, las viviendas afectadas —cuyos propietarios no han sido imputados— fueron utilizadas como direcciones ficticias para inscribir a los extranjeros en el padrón municipal.
La operación se enmarca en un contexto de creciente presión migratoria en Andalucía, donde Almería es una de las provincias con mayor número de solicitudes de regularización. Según datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2025, la comunidad autónoma registró más de 12.000 expedientes de arraigo social, un procedimiento que exige, entre otros requisitos, demostrar una residencia continuada en España durante al menos tres años. El empadronamiento fraudulento permite a los solicitantes cumplir este requisito de forma ilegal, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los controles en los últimos años.
Este tipo de tramas no son nuevas en España. En 2023, la Guardia Civil desarticuló una red similar en Málaga que había falsificado más de 200 empadronamientos en menos de un año. En aquel caso, los responsables cobraban entre 500 y 1.500 euros por cada inscripción fraudulenta. Aunque el texto fuente no especifica si en Almería se cobraba por el servicio, la similitud en el modus operandi sugiere un patrón delictivo recurrente en zonas con alta demanda de regularización.
La falsificación de empadronamientos tiene consecuencias legales tanto para los autores como para los extranjeros implicados. Mientras los primeros se enfrentan a penas de prisión de hasta tres años por falsedad documental, los segundos pueden ser expulsados del país si se demuestra que su situación administrativa se basó en documentos fraudulentos. Además, los propietarios de las viviendas afectadas pueden verse involucrados en procesos judiciales si se demuestra su complicidad, aunque en este caso la Policía ha descartado su participación.
La «operación corral» sigue abierta, y no se descarta que el número de detenidos aumente en los próximos días. Las investigaciones continúan para determinar si la trama tenía ramificaciones en otras provincias andaluzas o si estaba vinculada a redes de tráfico de personas.
