El Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid ha abierto la investigación tras la denuncia del PSOE-M; la compra se realizó a través de Planifica Madrid para la reconstrucción del incendio de la Sierra Oeste.
El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que responda ante los tribunales, la Asamblea y los ciudadanos por la adquisición de un ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos por 6,7 millones de euros.
Según la denuncia presentada por el PSOE-M, la operación se realizó con fondos públicos bajo la justificación de servir como despacho temporal mientras se remodelaba la Real Casa de Correos; sin embargo, el inmueble quedó a la venta poco después, generando la sospecha de que se destinó a uso personal.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha iniciado la investigación, lo que implica la recopilación de documentos de Planifica Madrid, la entidad que gestionó la compra y que había anunciado la venta para “ayudar en la reconstrucción” tras el incendio de la Sierra Oeste.
Ayuso ha reiterado que el ático está destinado a oficinas y que ya ha explicado todo el asunto, calificando los intentos de la oposición de “azuzar y enredar”. No obstante, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que desde abril el Ejecutivo regional buscaba un espacio temporal para el gabinete, lo que refuerza la versión oficial de la compra como medida operativa.
El caso revive un precedente reciente en el que la Comunidad de Madrid utilizó recursos públicos para adquirir inmuebles destinados a funciones institucionales, pero que luego fueron objeto de venta, generando controversia sobre la gestión de fondos y la transparencia de la administración autonómica.
Políticamente, la disputa sitúa a Ayuso bajo presión tanto de la oposición socialista como del PP, que pueden aprovechar la investigación para cuestionar su gestión y su imagen de austeridad. La resolución del juzgado podría determinar si se configura un delito de apropiación indebida o si la operación se mantiene dentro de los márgenes legales de la contratación pública.
La denuncia del PSOE-M, que fue la primera que impulsó la apertura de la investigación, se basa en la recepción de varias quejas, entre ellas la presentada por el propio partido, y se centra en la falta de transparencia en la adjudicación del inmueble por parte de Planifica Madrid.
Planifica Madrid, la entidad encargada de la compra, había anunciado la venta del ático con un precio de salida de 6,7 millones de euros, cifra que coincide con la cifra de la denuncia, y justificó la operación como parte de la reconstrucción tras el gran incendio en la Sierra Oeste, aunque el inmueble nunca se utilizó para ese fin.
