La ministra de Sanidad niega el colapso sanitario pero los médicos denuncian manipulación de datos y retraso en la respuesta
La ministra de Sanidad, Mónica García, activó este domingo el nivel 1 del Plan de Actuación ante Catástrofes Externas en Ceuta, 17 días después de que más de 70.000 inmigrantes cruzaran la frontera con Marruecos. La decisión se anunció tras una visita a la ciudad autónoma en la que García fue increpada por vecinos y evitó reunirse con médicos de urgencias que reclamaban exponerle la situación sanitaria.
García aseguró en rueda de prensa que no existe un colapso sanitario en Ceuta, aunque admitió una situación pensionada. Como argumento, citó que no se ha llamado a profesionales de vacaciones ni se han reasignado áreas de trabajo de forma obligatoria. Sin embargo, fuentes médicas confirmaron a El Debate que sí se ha solicitado —aunque no de manera forzosa— la colaboración de facultativos de otras especialidades en urgencias y atención primaria.
La ministra presentó datos que, según ella, respaldan su postura: 5.800 inmigrantes atendidos en 15 días, con un pico de 1.149 el primer día y una reducción del 70% en la presión asistencial, hasta una media de 300 atenciones diarias. No obstante, los médicos denuncian que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable del hospital ceutí, solo contabiliza a los inmigrantes, excluyendo a los pacientes locales. Según los sanitarios, la cifra real superaría las 300 atenciones diarias, frente a las 180 que marca la capacidad máxima del servicio de urgencias.
El Plan de Actuación ante Catástrofes Externas, elaborado en 2020 por Sanidad, INGESA y el hospital de Ceuta, define como catastrófico que se atiendan más de 90 pacientes en cinco horas. El documento incluye entre las catástrofes externas los saltos masivos en fronteras, como el ocurrido el 30 de julio. Los médicos cuestionan el retraso en la activación del nivel 1: Si ahora, con un 70% menos de atenciones, se declara la catástrofe, ¿cómo estábamos antes?, señalaron.
La polémica se agrava por las acusaciones de manipulación de datos. Los sanitarios afirman que INGESA les ordenó registrar únicamente las atenciones a inmigrantes, omitiendo a los ceutíes. Esta práctica, según denuncian, distorsiona la realidad asistencial y responde a un interés político para evitar reconocer el colapso.
