Rabat confirma once fallecidos, frente a los 72 que manejan las autoridades españolas, y defiende su gestión basada en la prevención y la coordinación.
El Gobierno de Marruecos ha atribuido la crisis migratoria de Ceuta a una combinación de redes de trata de personas, desinformación y malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre devoluciones en caliente. Es su primera valoración pública de la incursión masiva de marroquíes a través del espigón del Tarajal durante el jueves y el viernes, que se ha saldado con al menos 72 fallecidos, la mayoría por ahogamiento.
En un comunicado difundido por medios nacionales, un portavoz del Ministerio del Interior marroquí ha negado que lo ocurrido respondiera a circunstancias espontáneas o factores circunstanciales. Según Rabat, las interpretaciones erróneas de la decisión judicial española, alimentadas por la desinformación, reforzaron entre los migrantes la creencia de que podrían evitar una devolución inmediata.
El Ministerio asegura que actuó desde el primer momento con un enfoque preventivo y coordinado, incrementando la vigilancia y reforzando el despliegue de los servicios de seguridad. Defiende que estas medidas permitieron controlar los acontecimientos, proteger vidas y asegurar las fronteras, respetando la legalidad y el principio de proporcionalidad.
Por primera vez, Marruecos ha ofrecido sus propias cifras de víctimas: once fallecidos, diez por ahogamiento y uno tras precipitarse desde una zona rocosa. La cifra contrasta con la que manejan las autoridades españolas, y Rabat ha señalado que mantiene la colaboración con España para verificar el número definitivo de afectados, sus identidades y nacionalidades.
En su valoración final, el Ministerio insiste en que la gestión migratoria debe abordarse con un enfoque integral basado en la responsabilidad compartida y el reparto equitativo. Marruecos se compromete a seguir siendo un socio fiable y a reforzar la cooperación contra la migración irregular, mientras continúa adoptando medidas para proteger el orden público y la seguridad fronteriza.
Fuente: Electomanía
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