El ministro de Interior activa un dispositivo de inteligencia con Marruecos y la UE tras convocatorias en redes para aprovechar las elecciones legislativas marroquíes
El ministro de Interior, **Fernando Grande-Marlaska**, ha desplegado este lunes seis pelotones adicionales de los Grupos de Reserva de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y refuerzos de Policía Nacional en Ceuta y Melilla para evitar entradas masivas de migrantes el próximo **23 de septiembre**, fecha de las elecciones legislativas en Marruecos. La medida responde a convocatorias detectadas en redes sociales marroquíes que instan a aprovechar la saturación policial durante el proceso electoral para intentar cruzar a las dos ciudades autónomas españolas.
Marlaska, que ha comparecido en Ceuta, ha detallado que el dispositivo incluye **información en tiempo real, inteligencia de fuentes abiertas y cerradas, y cooperación con servicios marroquíes y el Servicio Europeo de Acción Exterior**. La prioridad, según ha subrayado, es «evitar cualquier acontecimiento parecido al del **30 de julio**», cuando la ciudad registró una crisis con más de **6.000 llegadas irregulares** en un solo día.
La visita del ministro coincide con un contexto de **tensión institucional y social**: el presidente de Ceuta, **Juan Jesús Vivas**, ha denunciado que la ciudad «tiene la soga al cuello» y es «una olla a presión», mientras que la Policía Nacional ha detenido a **17 personas** en altercados desde julio, incluyendo un caso por daños al coche de la diputada **Julia Ferreras** durante una protesta en el puerto. Solo dos de estos detenidos han sido imputados formalmente por desobediencia y daños.
El **desencuentro político** agrava la situación: Vivas ha rechazado reunirse con Marlaska, alegando «problemas de agenda», pese a que el ministerio solicitó el encuentro formalmente el pasado martes. Fuentes de Interior señalan que esta falta de coordinación institucional complica la gestión de una crisis que acumula **denuncias por malos tratos a menores en centros de acogida**, **expedientes de devolución lentos** y el asentamiento de **1.700 migrantes en carpas en el puerto**, recurrido judicialmente por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por supuesta falta de seguridad.
En paralelo, **25 líneas de trabajo policial** —huellas dactilares, biométrica y conexión con la base de datos ADEXTTRA— ya analizan más de **2.000 expedientes**, aunque los funcionarios evitan devoluciones incorrectas por riesgo de inhabilitación, como ocurrió en casos anteriores. Para el próximo fin de semana, Interior prevé activar **30 puestos adicionales** de tramitación.
El precedente del 30 de julio: cómo una convocatoria en redes desbordó Ceuta
La estrategia actual de Marlaska replica, en clave preventiva, los errores detectados tras la crisis del **30 de julio**, cuando **6.000 migrantes** llegaron a Ceuta en un día tras una convocatoria similar en redes sociales marroquíes. Entonces, la falta de coordinación entre España y Marruecos, junto a la saturación de los centros de acogida, derivó en **violencia callejera, heridos y la intervención del Ejército**. Este lunes, el ministro ha insistido en que «la violencia no es el camino», en referencia a los ataques contra agentes y a la diputada Ferreras, pero también ha advertido de que «no habrá impunidad» para quienes inciten a cruces ilegales.
¿Qué se juega cada actor?
Para el **Gobierno central**, liderado por **Pedro Sánchez**, el desafío es doble: evitar una nueva crisis que dañe su imagen en materia de seguridad —especialmente con elecciones autonómicas en **Andalucía y Cataluña** en diciembre— y mantener la presión sobre Marruecos sin romper la alianza estratégica en migración y defensa. **Alberto Núñez Feijóo** (PP) ya ha capitalizado el tema: durante su visita a Ceuta este lunes, junto al eurodiputado **Manfred Weber**, exigió «medidas urgentes» y acusó al Ejecutivo de «falta de previsión».
En Ceuta, **Vivas** (PP) enfrenta una **parálisis institucional**: su negativa a reunirse con Marlaska refleja tensiones con el Gobierno central, pero también la presión de la ciudadanía, donde el **42% apoya la regularización de migrantes** según encuestas locales, mientras el **35% exige mayor control fronterizo**. La falta de soluciones rápidas para los **1.700 menores no filiados** —alojados en condiciones precarias— y los **recursos judiciales contra las carpas** del puerto añaden combustible al conflicto.
Para **Marruecos**, el escenario electoral del **23 de septiembre** es clave: el gobierno de **Aziz Akhannouch** busca proyectar estabilidad, pero las convocatorias en redes —organizadas por grupos cercanos a la oposición— exponen su dificultad para controlar el discurso migratorio. La UE, por su parte, observa con preocupación cómo este episodio podría **reavivar tensiones en el Pacto de Migración y Asilo**, especialmente si España acusa a Rabat de «incumplir acuerdos» o si los cruces escalan.
El **Sindicato Unificado de Policía (SUP)** ha escalado su crítica: en un comunicado, denuncia que el dispositivo actual es «insuficiente» y exige «refuerzos inmediatos» para evitar que las carpas en el puerto se conviertan en «focos de violencia». Mientras, en Bruselas, fuentes del **Servicio Europeo de Acción Exterior** han confirmado a *El Periódico* que están «monitoreando la situación» y que cualquier escalada podría activar el **mecanismo de alerta rápida** del Pacto.
Lo que está claro es que, **sin un acuerdo concreto con Marruecos** para cortar las convocatorias en redes o **sin un plan de acogida coordinado entre Estado y autonomías**, el riesgo de repetición del **30 de julio** persiste. Para entonces, solo quedan **dos semanas**.
