El dosier remitido a la Audiencia Nacional descarta a redes criminales y constata nueve avisos previos al cruce de 80.000 personas.
Un atestado elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional sostiene que la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio respondió a una «configuración táctica» planificada y no a un movimiento espontáneo. El documento de 55 páginas, remitido al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que encabeza la magistrada María Tardón, apunta a que el flujo migratorio funcionó únicamente como «cobertura formal» para saturar el espigón del Tarayal a nado y forzar la apertura posterior de los pasos terrestres ante la falta de capacidad operativa española.
Los agentes describen una «total permisividad» de la gendarmería de Marruecos, cuyos efectivos no realizaron intentos reales de dispersar a la multitud en el perímetro limítrofe e incluso llegaron a participar «guiando» a grupos a través del agua hacia el arenal. El análisis de seguridad concluye que esta maniobra derivó en una «violación masiva de la soberanía territorial de España», señalando una posible autoría vinculada a personas integradas en los cuerpos de seguridad del país vecino o con capacidad técnica para diseñar un despliegue por fases.
Estas conclusiones contradicen la versión que la ministra de Defensa, Margarita Robles, expuso en sede parlamentaria, donde atribuyó el episodio a una «autogestión de individuos atraídos espontáneamente» por una oportunidad coyuntural. Frente a esa lectura de dispersión no coordinada, los especialistas policiales recalcan que alrededor del 90% de los recién llegados abandonó Ceuta por su propio pie en las 72 horas posteriores a la entrada, lo que acreditaría que la permanencia en territorio español no constituía el objetivo del cruce masivo.
Requerida por la jueza sobre posibles inductores y previsiones de inteligencia, la corporación descarta de manera tajante la autoría de mafias habituales dedicadas al tráfico de personas. Las redes clandestinas habituales «carecen de la capacidad para organizar un movimiento de estas dimensiones», expone el texto, aunque confirma que el organismo policial emitió hasta nueve alertas previas desde el 29 de julio advirtiendo del peligro inminente de saturación en los puestos de control fronterizo.
La instructora María Tardón debe determinar ahora si asume la competencia sobre los hechos y si abre diligencias penales a raíz de una querella interpuesta por la asociación Iustitia Europa. La decisión judicial marcará el alcance procesal de las pesquisas sobre la cadena de mando que promovió la vulneración de la frontera española.
