Los aspirantes rechazan las 30 preguntas sobre normativa LGTBI en un examen de 120 y reclaman ante la Sindicatura de Comptes
La Generalitat Valenciana ha incluido en las oposiciones para maquinistas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 30 preguntas sobre la Ley 4/2023 de igualdad real y efectiva de las personas trans y derechos LGTBI, un requisito que los aspirantes consideran «arbitrario» y alejado de las competencias técnicas del puesto.
El temario general de la convocatoria —que unifica plazas para las líneas de Metrovalencia y TRAM de Alicante— reserva un bloque obligatorio a los Títulos Preliminar y I de la Ley Trans, junto a otras normas como la Ley de Igualdad (3/2007) y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995). La Administración autonómica justifica la medida en el artículo 12.2 de la propia ley, que obliga a incluir contenidos sobre no discriminación LGTBI en pruebas selectivas.
30 de las 120 preguntas, sobre normativa LGTBI
Los opositores consultados por El Debate señalan que dedicar horas a memorizar artículos como el derecho a la rectificación registral del sexo o la expresión de género resta tiempo a manuales críticos para la seguridad ferroviaria, como protocolos de frenado de emergencia, señalización electrónica o mantenimiento de túneles. Uno de ellos denuncia que saber aplicar la Ley Trans no convierte a un maquinista en mejor profesional y advierte de que la concentración en una emergencia real no admite distracciones.
El examen, de 120 preguntas tipo test, destina 30 preguntas al bloque de temario general (incluida la normativa LGTBI), mientras que las 90 restantes se centran en competencias técnicas: Ley de Seguridad Ferroviaria, Reglamento de Circulación y manuales específicos de las líneas. La convocatoria, que cubre plazas en Valencia y Alicante, refleja una tendencia creciente en la administración pública valenciana: desde 2023, el Govern de Botella ha incorporado contenidos sobre diversidad de género en oposiciones de otros cuerpos, como educación o sanidad.
Reclamaciones ante la Sindicatura de Comptes
Los aspirantes alegan que la medida responde a una politización del acceso al empleo público, donde prima la adhesión a discursos normativos sobre la capacidad profesional. La Generalitat mantiene que cumple con la ley y recuerda que el artículo 12.2 vincula la formación en derechos LGTBI a la no discriminación en el empleo. La fecha del examen aún no está fijada y los opositores han presentado reclamaciones ante la Sindicatura de Comptes para impugnar la inclusión de estos contenidos.
