El Govern catalán busca aprobar un sistema de ordinalidad que Suiza aplica y que el Consell de Garanties Estaturies ya ha tachado de inconstitucional
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afronta este septiembre una negociación clave con Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) para aprobar una nueva financiación autonómica que incluye el polémico principio de ordinalidad, un mecanismo que impediría a las comunidades más ricas recibir menos fondos que las menos contributivas, independientemente de sus necesidades. El sistema, que solo aplica Suiza, ha sido criticado por su impacto en la solidaridad interterritorial y ya ha generado rechazo en el Consell de Garanties Estatuyes, que lo considera incompatible con la Constitución.
La reforma, que debe superar dos trámites críticos —el Consejo de Política Fiscal y Financiera este mes y, posteriormente, el Congreso—, enfrenta también la oposición de Junts per Cataluña. El partido de Carles Puigdemont, receloso de ceder un logro político a ERC, podría bloquear la iniciativa en la Cámara Baja. El acuerdo con ERC es condición sine qua non para que los republicanos validen unos segundos Presupuestos para 2026, aunque exigen que la financiación esté aprobada antes de fin de año.
El principio de ordinalidad no es el único escollo. El Govern también ha prometido a los comunes —su otro socio de investidura— limitar la compra especulativa de vivienda por parte de grandes tenedores, una medida que el Consell de Garanties ya declaró inconstitucional por vulnerar derechos de propiedad. Socialistas y ecosocialistas trabajan ahora en una fórmula alternativa que evite ese conflicto legal, aunque sin garantías de éxito.
La negociación se enmarca en un contexto de alta dependencia del PSC hacia sus socios. Illa logró aprobar sus primeros Presupuestos en 2025 tras ceder a ERC competencias como la gestión de la Zona Franca de Barcelona, considerada una «estructura de Estado» por el independentismo. Sin embargo, los 5.000 millones adicionales que el nuevo sistema aportaría a Cataluña —clave para calmar a las facciones críticas dentro de ERC— no están asegurados ni siquiera si la reforma prospera, ya que su aplicación podría retrasarse.
El escenario dibuja un otoño político marcado por la incertidumbre. Mientras ERC condiciona su apoyo a los Presupuestos de 2026 a la aprobación de la financiación, Junts mantiene una postura ambivalente, consciente de que un fracaso del pacto debilitaría a Illa pero también a sus rivales republicanos. La última palabra, una vez más, la tendrá ERC.
