El Ministerio de Ana Redondo actúa tras las declaraciones del secretario general de Vox en el Congreso sobre llegadas irregulares a la ciudad autónoma
El Ministerio de Igualdad ha solicitado a la Fiscalía que investigue si las declaraciones del secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, constituyen un delito. El oficio remitido este 11 de agosto se centra en las palabras de Figaredo en varias entrevistas, donde instó a cazar a inmigrantes llegados a Ceuta.
La petición del Ministerio, encabezado por la ministra Ana Redondo, se enmarca en el artículo 510 del Código Penal, que sanciona las expresiones que inciten al odio o la violencia contra grupos por su origen nacional o étnico. Figaredo, portavoz parlamentario de Vox, realizó estas declaraciones en el contexto de un aumento de llegadas irregulares a Ceuta durante los últimos meses, aunque el texto fuente no especifica cifras concretas.
Vox, partido que forma parte de la oposición en el Congreso, ha sido objeto de críticas recurrentes por parte del Gobierno por su discurso sobre migración. En este caso, la intervención de Igualdad eleva el tono del conflicto político, ya que la Fiscalía deberá determinar si las palabras de Figaredo trascienden el ámbito de la libertad de expresión. La ciudad autónoma de Ceuta, frontera terrestre con Marruecos, es uno de los puntos calientes en el debate migratorio en España.
El precedente más cercano en este tipo de actuaciones se remonta a 2023, cuando la Fiscalía archivó una denuncia similar contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por declaraciones sobre inmigrantes. Sin embargo, la diferencia en este caso radica en el uso del término «cazar», que podría interpretarse como una incitación directa a la acción violenta, según fuentes jurídicas consultadas por medios especializados.
La decisión de Igualdad llega en un momento de tensión política, con el Gobierno en minoría parlamentaria y Vox como socio ocasional de formaciones como el PP en algunas comunidades autónomas. Mientras, la Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz, tendrá que evaluar si abre diligencias o archiva el caso, un proceso que podría alargarse semanas.
Fuente: ABC (España)
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