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Fiscalía no actúa contra Figaredo por llamar a «cazar» migrantes en Ceuta una semana después

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La Moncloa - Gobierno de España (Pool Moncloa)
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Compromís denuncia que Vox podría ser investigado como organización criminal por dar cobertura al diputado, mientras Igualdad y abogados ya han presentado acciones

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha criticado este martes que la Fiscalía General del Estado no haya actuado de oficio una semana después de que el secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llamara en televisión a «cazar uno a uno» a los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio.

La formación valenciana, que fue la primera en denunciar a Figaredo ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por esas declaraciones, considera «desconcertante» la inacción de la Fiscalía, mientras otras instituciones ya han tomado medidas. El Ministerio de Igualdad ha enviado un oficio a la Fiscalía para que investigue si las palabras de Figaredo constituyen un delito de odio, y el Foro Abogacía y Democracia también ha presentado una denuncia.

Ibáñez ha ido más allá al sugerir que Vox debería ser investigado como organización criminal por amparar a su diputado. En un comunicado, ha recordado que la Ley de Partidos Políticos contempla la posibilidad de ilegalizar formaciones que den cobertura a acciones violentas, y ha cuestionado por qué no se aplica el mismo criterio que, según él, se usaría contra partidos de izquierdas o independentistas. «Si lo hiciese una fuerza de izquierdas o independentista, la Audiencia Nacional habría actuado en agosto», ha afirmado.

Las declaraciones de Figaredo se produjeron en un contexto de tensión migratoria en Ceuta, donde más de 8.000 personas entraron irregularmente a finales de julio. Mientras el Gobierno central y las comunidades autónomas debaten medidas para gestionar la situación, las palabras del diputado de Vox han reavivado el debate sobre los límites del discurso político y la aplicación de la legislación contra el odio.

La Fiscalía del Supremo es la competente para investigar a diputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 71 de la Constitución. Hasta ahora, no ha habido pronunciamiento público sobre si iniciará diligencias de oficio, a pesar de las denuncias presentadas.

Fuente: Europa Press

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