Carlota Sánchez y su novio colombiano, detenidos por el doble crimen en Tauste, permanecen en la cárcel de Zuera sin aportar testimonio
La hija mayor del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su pareja han ingresado este jueves en la prisión de Zuera (Zaragoza) tras negarse a declarar ante el juzgado de Ejea de los Caballeros, que los investiga por el asesinato del matrimonio en su domicilio de Tauste.
Carlota Sánchez y su novio, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos el lunes en Zaragoza y trasladados este jueves en vehículos separados desde el cuartel de la Guardia Civil en Valdespartera hasta los juzgados de Ejea, donde se les comunicó su ingreso en prisión provisional. Según fuentes judiciales, ambos se acogieron a su derecho a no declarar durante la comparecencia, que duró apenas unos minutos.
Los cuerpos de Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, fueron hallados el sábado con heridas de arma blanca en distintas habitaciones de su vivienda. La Guardia Civil confirmó que los crímenes ocurrieron la noche del viernes, aunque los cadáveres no fueron descubiertos hasta dos días después por familiares. El matrimonio, conocido en el ámbito agrario aragonés, había recibido homenajes públicos en Tauste, donde más de un millar de personas asistieron a un acto laico el mismo lunes de las detenciones.
La UAGA, sindicato al que perteneció Sánchez durante años, destacó su trayectoria incansable en defensa del sector primario. Representantes políticos y agrarios de Aragón participaron en el homenaje, subrayando su papel como referente en la lucha por los derechos de los agricultores y ganaderos de la comunidad.
El juzgado de Ejea de los Caballeros, competente por la ubicación del crimen, mantiene abierta la investigación para determinar los motivos del doble homicidio. La prisión provisional de los detenidos, sin fianza, sugiere que la Fiscalía considera alto el riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia, aunque no se han hecho públicos detalles sobre posibles pruebas recabadas hasta el momento.
Según la ley procesal española, la prisión provisional se puede imponer cuando se considera que el delito cometido es grave y que el imputado puede obstaculizar la investigación o fugarse. En este caso, la Fiscalía parece haber considerado que el doble homicidio es un delito grave y que los detenidos pueden representar un riesgo para la investigación.
