Treinta duchas y diez aseos instalados no frenan el uso de cables expuestos y hornillos improvisados por inmigrantes en la playa del Trampolín
Agentes de la Guardia Civil sofocaron un incendio provocado por hornillos improvisados cerca de un depósito de municiones en la playa del Trampolín, en Ceuta, donde cientos de inmigrantes marroquíes se han asentado de forma irregular. El siniestro, originado por conexiones eléctricas artesanales, estuvo a punto de extenderse al polvorín, según fuentes citadas por La Razón.
El enclave español ha habilitado 30 duchas y 10 aseos para garantizar condiciones mínimas de higiene en la zona, pero el hacinamiento y la falta de infraestructuras han llevado a los residentes a recurrir a métodos peligrosos. Decenas de móviles y regletas se cargan con cables expuestos conectados a farolas, mientras hornillos improvisados —alimentados con sistemas igualmente precarios— han causado al menos un incendio grave en los últimos días.
La situación agrava los riesgos ambientales y de seguridad en la zona, donde traductores locales y voluntarios intentan paliar la crisis con puntos de carga seguros y acceso a Wi-Fi. Sin embargo, las autoridades no han logrado desmantelar los asentamientos, que persisten como un foco de tensión para el Gobierno ceutí y el Ministerio del Interior. El uso de energía no regulada, sobre hierba seca y en condiciones de alta densidad humana, multiplica el peligro de nuevos incidentes.
Ceuta, frontera con Marruecos, registra un aumento constante de llegadas irregulares desde 2020, con picos como el de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la valla en 48 horas. Aunque el flujo actual es menor, la saturación de recursos y la falta de alternativas legales mantienen el conflicto latente. El Gobierno central, responsable de la gestión migratoria, no ha activado mecanismos excepcionales como el estado de alarma o la militarización de la zona, a diferencia de episodios anteriores.
El polvorín cercano, gestionado por el Ejército de Tierra, almacena munición para operaciones en el norte de África. Su proximidad al asentamiento añade un factor de riesgo adicional, ya que cualquier chispa podría desencadenar una explosión. La Guardia Civil, encargada de la seguridad en la zona, ha intensificado patrullas, pero carece de competencias para desalojar a los inmigrantes sin una orden judicial, según el marco legal vigente.
Fuente: La Razón
