También pide 18 meses de multa de 20 euros y señala a varios exconcejales y asesores del equipo de 2018
La Fiscalía ha solicitado al juzgado una inhabilitación especial de 18 años para cualquier cargo electivo contra José María González Kichi, exalcalde de Cádiz, por dos delitos continuados de revelación de secretos y prevaricación.
En el mismo escrito, la acusación exige una multa de 18 meses con una cuota diaria de veinte euros, lo que equivale a unos 10.800 euros, para el mismo imputado.
El pedido de inhabilitación también incluye a David Navarro González Santos, entonces concejal del Área de Personal; José Vicente Barcia Magaz, jefe de Gabinete de Alcaldía; José Ramón Páez Pareja, asesor de Alcaldía; y Laura Jiménez Ortega, concejala delegada del Servicio de Turismo, además del exasesor Fernando García Acuña.
Según la acusación provisional, en 2018 el equipo de González «tenía cubierto el cupo de asesores» y diseñó un plan para contratar a Fernando García Acuña como asesor jurídico del grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede, lo que constituye el núcleo de la presunta trama de prevaricación.
La medida de inhabilitación especial es una herramienta prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que personas condenadas por ciertos delitos ocupen cargos públicos, y se ha aplicado en casos de corrupción municipal similares en otras ciudades españolas, reforzando la vigilancia sobre la gestión de recursos municipales.
El proceso judicial podría prolongarse varios meses, y la sentencia determinará si los demás acusados también recibirán penas de inhabilitación o multas, lo que afectará la credibilidad del partido local Por Cádiz Sí Se Puede y la percepción ciudadana sobre la gestión del ayuntamiento de Cádiz.
