Ocho países más firman una declaración conjunta que exige a Israel retirar el proyecto E1, advirtiendo de consecuencias legales para empresas participantes
El Gobierno español se ha unido este sábado a una declaración conjunta de quince países y la Comisión Europea que condena la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, en particular el proyecto E1, situado al este de Jerusalén. El documento, liderado inicialmente por la UE, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos y Noruega, tacha de «inaceptable» la decisión israelí de publicar licitaciones para construir en esa zona y advierte de que «socavará la solución de los dos Estados».
La declaración recuerda que los asentamientos en Cisjordania «son ilegales según el Derecho Internacional» y emplaza a Israel a «retirar estos planes de inmediato». Además, alerta a las empresas sobre las «consecuencias legales y reputacionales» de participar en las licitaciones, incluyendo el «riesgo de verse implicadas en graves violaciones del Derecho Internacional». Junto a España, se han sumado Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Bélgica, Austria, Grecia y Chipre, elevando a quince el número de firmantes.
El proyecto E1, que conectaría Jerusalén con el asentamiento de Maale Adumim, ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de la comunidad internacional. En mayo de 2026, una decena de países —entre ellos España, Reino Unido, Francia y Alemania— ya instaron a sus empresas a no participar en las licitaciones. La zona E1 es estratégica: su desarrollo fragmentaría Cisjordania, dificultando la contigüidad territorial de un futuro Estado palestino, según denuncian los firmantes.
El documento también subraya la «grave inestabilidad» en Cisjordania, agravada por la violencia de colonos israelíes contra civiles palestinos y las «restricciones a la economía palestina». Los firmantes reafirman su compromiso con una «paz duradera basada en la solución de los dos Estados», aunque no detallan medidas concretas para presionar a Israel más allá de la advertencia a las empresas.
La incorporación de España a esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. El Gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, ha acelerado la expansión de asentamientos en los últimos meses, desafiando las resoluciones de la ONU y las advertencias de la UE. La posición española, alineada con la mayoría de la UE, contrasta con la de otros aliados de Israel, como Estados Unidos, que no ha firmado el documento.
