Mercè Caso reclama soluciones en la apertura del año judicial, mientras el fiscal alerta de un alza del 9% en agresiones sexuales
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercé Caso, ha exigido al Congreso de los Diputados «herramientas sólidas con capacidad de respuesta» para abordar la crisis de vivienda y los desahucios durante la apertura del año judicial en Barcelona. Su intervención, celebrada este viernes 2 de octubre, coincide con el pleno parlamentario que debate dos decretos ley sobre vivienda.
Caso destacó un convenio firmado entre el decanato de Barcelona y el Ayuntamiento para gestionar desahucios, que luego se convirtió en ley. «Muchas de las actuaciones que previmos después pasaron a ley», subrayó, aunque advirtió de que la crisis actual requiere medidas más amplias y justas. Su llamado se produce cuando los juzgados catalanes registran una saturación histórica, con un aumento del 4,5% en delitos cometidos por menores —especialmente robos con violencia, que subieron un 17%— y un incremento del 9% en agresiones sexuales, según datos del fiscal superior, Francisco Bañeres.
Mientras el Congreso debate los decretos, Caso recordó que los tribunales serán «la última frontera» para defender derechos básicos como la libertad, la igualdad y la justicia. Su mensaje, dirigido también a la sociedad, apeló a «armarse de esperanza» en un contexto de desánimo, citando los avances históricos en derechos sociales.
El fiscal Bañeres, por su parte, cuestionó si la respuesta penal es «suficientemente contundente» contra bandas armadas. La apertura judicial subraya así dos emergencias: la habitacional, con miles de familias en riesgo de desahucio, y la delictiva, con datos que confirman tendencias ascendentes en violencia y delitos sexuales desde 2024.
