El partido da diez días al Gobierno para alegar ante el Alto Tribunal tras la negativa de los ministros a comparecer
El Partido Popular ha confirmado este 22 de agosto que respeta el auto del Tribunal Supremo que desestimó su solicitud de medida cautelarísima para obligar a varios ministros a comparecer en el Senado. Estos miembros del Gobierno habían sido convocados por la Cámara Alta para explicar su gestión durante la crisis migratoria en Ceuta, pero rechazaron acudir.
La decisión del Supremo otorga al Ejecutivo un plazo de diez días para presentar alegaciones ante el tribunal, donde deberá justificar las razones de la ausencia de los ministros. El PP, aunque acata el fallo, subraya que el Gobierno tendrá que responder por esta decisión ante la justicia, en un contexto donde la oposición exige transparencia sobre la gestión de la crisis en la ciudad autónoma.
La comparecencia de los ministros en el Senado se enmarca en un proceso de control parlamentario, una herramienta habitual en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, la negativa del Gobierno a acudir ha intensificado el conflicto político, especialmente tras las críticas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien ha acusado al Ejecutivo de falta de coordinación durante los momentos más críticos de la crisis migratoria.
El Tribunal Supremo, al rechazar la medida cautelarísima, no entra en el fondo del asunto, pero deja abierta la posibilidad de que el PP presente un recurso ordinario. Este tipo de medidas son excepcionales y suelen reservarse para situaciones de urgencia, lo que refleja la tensión política generada por el caso. La crisis de Ceuta, que alcanzó su punto álgido en mayo de 2026, ha dejado más de 1.200 llegadas irregulares en menos de 48 horas, según datos del Ministerio del Interior.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su estrategia en exigir responsabilidades al Gobierno por lo que considera una gestión deficiente. Mientras, el Ejecutivo, con Pedro Sánchez al frente, defiende que las competencias en materia migratoria son compartidas y que la respuesta fue coordinada con las autoridades locales y europeas. La resolución del Supremo no cierra el debate, pero sí marca un plazo concreto para que el Gobierno presente sus argumentos ante la justicia.
Fuente: ABC
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