La expresidenta de Adif logra acceso a la certificación final de un contrato de emergencia por 373.405 euros, adjudicado tras alertas de Koldo García sobre problemas económicos de la empresa
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha logrado este martes un avance en su defensa judicial al conseguir que el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ordene a la empresa pública la entrega de documentos clave sobre una obra de emergencia en Asturias. Se trata del contrato para estabilizar taludes en la vía entre Gijón y Pravia, adjudicado en 2020 a Levantina Ingeniería por 489.300 euros, aunque finalmente se pagaron solo 373.405 euros más 71.424 euros por revisión de precios.
El juez accedió a la petición de la defensa de Pardo de Vera —ejercida por el letrado Gonzalo Rodríguez Mourullo— tras semanas de presión. La documentación, entregada por la Guardia Civil a la sede de Adif en Madrid el pasado 11 de septiembre, incluye el informe de revisión de la certificación del contrato. Según el auto judicial, estos papeles ya están unidos a la causa y se han comunicado al Ministerio Fiscal y al resto de partes implicadas.
La obra, adjudicada de urgencia tras un desprendimiento, forma parte de las adjudicaciones sospechosas investigadas en el caso Koldo, vinculado al entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Según conversaciones grabadas, el asesor ministerial Koldo García alertó a Pardo de Vera en noviembre de 2020 sobre los problemas económicos de Levantina, que entró en pre concurso de acreedores en 2023. «¿Tienes algo de emergencia? Necesito dos millones. Levantina lo está pasando aquí, cuando digo aquí es aquí», le dijo García, según una grabación judicial.
La defensa de Pardo de Vera argumenta que no hubo amaño en esta obra porque el pago final fue inferior al presupuesto inicial y se requirieron varias intervenciones para garantizar la seguridad. El informe de Adif certifica que los trabajos ejecutados —incluyendo refuerzos con mallas metálicas y bulones— se ajustaron a lo acordado, aunque la partida principal (325.087 euros) solo cubrió el 66% del coste inicial.
Este caso forma parte de una pieza separada del caso Koldo, centrada en contratos de obra pública donde se investiga si el entorno de Ábalos favoreció irregularmente a constructoras. La Unidad Central Operativa (UCO) ya analiza si estas adjudicaciones de emergencia respondieron a criterios técnicos o a intereses externos.
