La investigación incluye a Ineco y Tragsatec, donde la expareja de Ábalos cobró 43.950 euros sin trabajar
La decisión del juez Ismael Moreno permite a la Abogacía del Estado intervenir en las diligencias futuras, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido, la Abogacía del Estado tendrá la competencia para defender los intereses de Eneco y Tragsatec en el proceso judicial, lo que podría incluir la presentación de alegaciones y la defensa de las empresas en caso de que se presenten cargos contra ellas.
