La iniciativa, respaldada por la mayoría de la Comisión de Interior, contará con seis meses para presentar su informe final
El Pleno del Congreso votó este lunes la creación de una subcomisión parlamentaria destinada a redactar un Estatuto jurídico básico para las personas desaparecidas sin causa aparente.
La propuesta, impulsada por el PSOE y ya apoyada por la gran mayoría de la Comisión de Interior, fue aprobada con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN, mientras Vox, ERC y Junts se abstuvieron.
Según la exposición de motivos del PSOE, la desaparición afecta a familiares, allegados y a la propia sociedad, generando problemas psicológicos, jurídicos, administrativos, sociales y económicos; por eso la subcomisión deberá definir el marco legislativo, recuperar iniciativas previas y recoger aportaciones del Tercer Sector Social, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), la Abogacía y la Psicología.
El mandato establece un plazo máximo de seis meses desde su constitución para elaborar un informe con conclusiones y propuestas de medidas, que será remitido a la Comisión de Interior. La subcomisión podrá celebrar comparecencias, solicitar documentación y, en última instancia, presentar un proyecto de Estatuto que otorgue un estatus jurídico a las víctimas directas e indirectas de las desapariciones.
El contexto legal se remonta a 2010, cuando el Congreso declaró por unanimidad el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, y a 2013, cuando el Senado creó una Comisión Especial que recomendó abordar la cuestión como una política de Estado. Desde entonces, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) se incorporó a la Secretaría de Estado de Seguridad y se actualizaron los protocolos policiales, aunque el PSOE señala que aún faltan iniciativas clave, como dotar de un estatus jurídico a las víctimas.
Paco Lobatón, presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas Global, compareció ante el Congreso para subrayar la necesidad de una respuesta institucional coordinada y de recursos suficientes para atender a las familias afectadas.
Fuente: Europa Press
